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Benferri

¿Quién debe pagar el abogado a un alcalde investigado?

Luis Vicente Mateo está investigado por la construcción de casas en zona verde y por la supuesta desaparición de documentos

El alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo (PSOE). información

El alcalde de Benferri, el socialista Luis Vicente Mateo, ha presentado al pleno una propuesta para pedir que se sufrague con dinero público el gasto de su abogado tras ser investigado en causas judiciales relacionadas con su actividad política. Se trata de dos procedimientos iniciados por el juez en relación a sendas denuncias presentadas por la oposición del Partido Popular (PP), una relacionada con la contrucción de casas en una zona verde del municipio y otra por la supuesta manipulación del registro de entrada del Ayuntamiento.

El regidor del PSOE ha presentado un escrito en el que pide que el consistorio asuma sus gastos de representación y defensa en esas causas judiciales y alega que existe jurisprudencia que avala que los cargos políticos a que sean indemnizados por ese concepto. Luis Vicente Mateo señala además que «la acusación penal en numerosas ocasiones y frecuentemente ha sido utilizada de forma espuria como instrumento de desacreditación del adversario político, instrumentalizándose la justicia como elemento para privar de los cargos públicos a personas que limpiamente los han obtenido en las elecciones como instrumento de coacción y promoción de carreras profesionales».

De igual forma, el secretario accidental de Benferri, Luis García Vicente, ha registrado un escrito similar pidiendo que también a él se le paguen los gastos del proceso judicial puesto que también él está siendo investigado. Y es él mismo quien, en calidad de secretario, ha ha emitido un informe que hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo que avala que la corporación puede aprobar que se sufraguen dichos gastos. Este asunto se abordará en la sesión plenaria que está convocada para hoy a las 21 horas.

Cobro de dietas

Uno de los casos denunciados por la oposición del PP fue la supuesta manipulación de documentos del registro de entrada del Ayuntamiento. El portavoz de la oposición, Bernardo Mira, constató que al menos tres informes relacionados con el cobro de dietas y kilometraje del primer edil habían desaparecido, siendo sustituidos por otros «que nada tenían que ver con los originales». Por ello puso el asunto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, que derivó el caso al juzgado de instrucción Número 1 de Orihuela, que acabó abriendo diligencias.

El otro caso está siendo instruido por el juzgado de instrucción Número 1 de Orihuela, que investiga la posible responsabilidad del alcalde al permitir la construcción de siete chalés en un área de la urbanización Benfis Park que estaba destinada a zona verde.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) sentenció que la administración local modificó las Normas Subsidiarias urbanísticas para tratar de legalizar las viviendas levantadas de forma irregular con el objetivo de favorecer los intereses de un promotor.

Ese fallo judicial motivó que el la oposición del Partido Popular presentara una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para depurar las posibles responsabilidades penales, lo que ha motivado la apertura de esta causa que también salpica al alcalde.

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