El regidor de San Fulgencio, Carlos Ramírez, debería tener los días contados al frente de la Alcaldía. Los tres grupos de la oposición (PIPN, PSOE y PP) han forzado la convocatoria de un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: dar cuenta de la sentencia que condenó a Ramírez a ocho años y medio de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación administrativa. Sus adversarios políticos esgrimen que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece en sus artículos 6.2 y 6.4 que sería de aplicación inmediata la inhabilitación independientemente de que la sentencia no sea firme. Es decir, que tendría que haber dejado ya el cargo y no lo ha hecho.
La oposición en bloque ha tomado esta determinación tras comprobar que el alcalde se ha negado hasta ahora a que se aborde en pleno su sentencia, dictada hace ya cinco meses. Cabe recordar que el juez que dictó el fallo condenatorio ordenó después dar cuenta de esa sentencia en sesión plenaria, pero eso es algo que no se ha hecho porque Ramírez suspendió la convocatoria prevista para el 6 de marzo por supuestos problemas de agenda y rechazó ese auto. Desde entonces no ha vuelto a convocar ese pleno, a pesar de estar obligado por ley.
Ahora, con este acuerdo de la oposición, el alcalde, o en su defecto el secretario, están obligados a celebrar la sesión que Ramírez ha intentado evitar. Los concejales de los tres grupos al margen del gobierno han firmado un documento en el que defienden la necesidad de convocar ese pleno y entienden que, desde ese momento, el regidor quedará automáticamente expulsado del cargo. Uno de los firmantes es el único concejal del Partido Popular que queda en San Fulgencio, Manuel Gómez, quien dio la espalda al alcalde tras su condena mientras los otros cinco ediles populares prefirieron ser expulsados de la formación para seguir en el gobierno de Ramírez, pasando todos ellos al grupo mixto.
Actos administrativos
Desde la oposición defienden que el hecho de que el alcalde haya seguido al frente del cargo tras ser condenado podría poner patas arriba la administración local. En ese sentido consideran que, probablemente, «todos los actos administrativos en los que desde la fecha de notificación de la sentencia hasta hoy en los que ha participado Ramírez Sansano se encuentran viciados de nulidad de pleno derecho, por lo que es necesario poner fin a una situación ilegal y perjudicial para los intereses municipales».
La situación ha llegado hasta el punto que el fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, ha abierto una investigación para saber los motivos por los cuales el regidor continúa en el sillón después de ser condenado el 2 de noviembre de 2017.
Durante ese tiempo el propio regidor dirigió un escrito al juzgado para pedir que se ejecutara ya el fallo que lo inhabilita, y ahí llegó la sorpresa. El juez le contestó que él no la podía ejecutar porque su competencia es penal. Fue entonces cuando, a instancias precisamente del Ministerio Público, resolvió que debía darse cuenta de la condena al Ayuntamiento, lo que puso contra las cuerdas al regidor. La defensa de Ramírez no estaba de acuerdo con ello y la recurrió en un intento de frenar lo que se le venía encima, pero no lo ha conseguido. Ahora es la oposición la que todo apunta a que con ese pleno extraordinario conseguirá lo que busca, que es apartarlo de la presidencia municipal o al menos intentarlo.
Acatar la ley
Desde el Partido Independiente por las Nacionalidades (PIPN), defendieron ayer que se han visto obligados a actuar «porque el alcalde no ha querido acatar la ley» y eso es algo que podría traer graves consecuencias dado que «posiblemente todo lo que ha estado aprobando desde que fue condenado podría estar fuera de la legalidad, incluido el millonario contrato para blindar las basuras».
«Hemos dado este paso porque él no lo da y no podemos permitir que eluda sus obligaciones legales, que pasan por marcharse del cargo o ejecutar su inhabilitación y obligarle a marcharse», añadieron desde el PIPN. El grupo socialista, por su parte, consideró que «la soberbia de Carlos Ramírez le ha llevado a una huida hacia ninguna parte que por fin ahora y gracias a este pleno solicitado por la oposición llegará a su fin». De igual modo valoró que «es de risa, por no decir de pena, la rabieta y la extrañeza que muestra ahora el PP provincial con la actitud de Carlos Ramírez cuando fueron ellos los que autorizaron y dieron el visto bueno a que encabezara la lista electoral de San Fulgencio a sabiendas de que estaba a la espera de fecha para la apertura de juicio oral sobre las subvenciones dadas directamente por él al Club de Futbol Sporting», lo que motivó su condena.
