El juzgado de lo Penal Número 1 de Orihuela ha condenado por un delito de prevaricación administrativa al alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez, del Partido Popular (PP). La sentencia fija una pena de ocho años y medio de inhabilitación para desempeñar cargos públicos y se extiende igualmente al que fuera edil de Deportes el pasado mandato, Pascual Sempere (PP), a quien se impone la misma privación de derechos. Al expresidente de la asociación Club de Fútbol Sporting San Fulgencio, Antonio Irles, quien iba en la lista del PP en 2011, se le condena también a siete años de inhabilitación por el mismo delito. El fallo puede recurrirse ante la Audiencia Provincial.
Los hechos que llevaron a Ramírez, Sempere e Irles al banquillo de los acusados sucedieron entre 2011 y 2014, cuando se organizó la gestión de las escuelas deportivas del municipio a través de un club creado para ese fin. Durante ese tiempo se le entregaron 195.753 euros en 48 subvenciones. El magistrado considera probado que dicho servicio se prestaba hasta entonces a través de una contrato suscrito con una empresa y fue en 2011, con la llegada al poder del grupo popular, cuando el edil de Deportes ideó otra forma de gestión. Consistía en «elegir directamente, sin ningún tipo de publicidad y oferta al público en general, a una serie de personas próximas al equipo de gobierno a fin de que las mismas constituyeran un club deportivo con la finalidad de que el mismo, siempre bajo su control y supervisión, llevara a cabo la prestación del servicio de las escuelas deportivas percibiendo subvenciones del Ayuntamiento». Según el juez, el alcalde mostró su plena conformidad con esa propuesta y juntos impulsaron una actuación «arbitraria, desviada y manifiestamente ilegal» para constituir ex novo el citado club que recibiría subvenciones municipales.
Convenio
Se colocó entonces a su compañero de lista electoral, Irles, como presidente de esa asociación. En agosto el Ayuntamiento aprobó una primera subvención de 500 euros y la cesión del campo de fútbol y poco después se le cedieron 27.716 euros más. Ello a pesar de que ni si quiera se había firmado aún un convenio de colaboración entre el Consistorio y el club. El acuerdo llegó después, en septiembre de 2011, con un documento que «presentaba omisiones escandalosas y groseras» porque «no fijaba el importe máximo de la subvención a conceder», dice el juez. Dicha encomienda se justificaba por la necesidad de continuar con el servicio debido a que el contrato en vigor con la otra empresa expiraba, y se decía que tendría validez «al menos durante la temporada 2011/ 2012, dando tiempo a convocar el oportuno procedimiento de contratación para la temporada siguiente». Pero esa adjudicación nunca se hizo y siguió el procedimiento de entrega de subvenciones al club hasta 2014. Así, era Irles quien presentaba las solicitudes monetarias y «algunas de ellas no eran firmadas por él, sino por el propio concejal de Deportes».
«Grosera y aberrante»
El magistrado define como «grosera y aberrante» esa actuación administrativa «al quedar probado de modo palmario que el funcionamiento de la entidad fomentada estaba bajo control directo de los responsables políticos que concedían la subvención», hasta el punto de que Sempere «llegaba a falsificar la firma del presidente de la entidad para presentar solicitudes de subvención que directamente el alcalde presentaba a la junta de gobierno y se aprobaban con el voto favorable de ambos».
El fallo destaca que la actuación de los condenados «pudo haber mejorado la gestión de las escuelas deportivas en el plano económico y de resultados deportivos», algo que se desconoce porque no se ha investigado, pero «perjudicó ampliamente el derecho de todos los ciudadanos a participar en la gestión de las escuelas deportivas... eludiendo además las normas de derecho administrativo».
