La Sindicatura de Agravios de la Comunidad Valenciana está tramitando de forma simultánea en estos 11 quejas remitidas por el Partido Popular (PP) de Torrevieja por la supuesta negativa del alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) a facilitar información sobre su gestión. La mayor parte de las peticiones se centran en asuntos urbanísticos solicitados durante el último año 2007 y que, a juicio del PP, no han sido respondidos. Aunque este área, dirigida por la edil Fanny Serrano (PSOE), no es competencia del acalde, el primer edil sí es responsable último de tramitar las solicitudes de acceso a documentación que realiza la oposición en su labor de fiscalización.Seis de los expedientes cuentan con informe de silencio administrativo estimatorio por parte del jefe de Urbanismo, Santiago Romero.
Formalmente ese documento certifica que la oposición ha reclamado con el procedimiento establecido la información, se han agotado los plazos y que el Ayuntamiento no la ha aportado -jurídicamente no implica que se haya vulnerado un derecho-.
Con ese respaldo administrativo se agota el camino de reclamación de información en el propio Consistorio, y la oposición ya puede dirigirse a otros organismos o a los juzgados para hacer valer sus derechos. Lo que ha hecho es remitirlas, todas en bloque, durante el mes de enero. Ahora todas tienen fecha de admisión de la Sindicatura del 30 de enero pasado porque cumplen con los requisitos para tratarlas y reclamará al Ayuntamiento que aclare qué ha pasado con las peticiones. Entre otros asuntos, el grupo municipal del PP solicitaba información sobre las alegaciones realizadas por el Ayuntamiento al Plan de Infraestructura Verde del Litoral, el polémico Pativel; un informe sobre el riesgo de inundación en el plan parcial La Coronelita; otro sobre el acuerdo por el que se validó la futura construcción de torres en la zona del Acequión.
También aparecen cuestiones relacionadas con otros departamentos, por ejemplo, con un expediente de contratación de Parques y Jardines en el que se adquiría material con el que este área ya cuenta a través de la concesión para el mantenimiento de zonas verdes. Una de estas quejas a la Sindicatura derivó hace unos meses en un procedimiento judicial en el que está siendo investigado el primer edil por supuesta vulneración derechoa a la información. Este diario intentó ayer, de nuevo, conocer la versión del alcalde sobre asunto, sin conseguirlo.
