El Ayuntamiento de Benijófar ha liquidado todas las facturas que tenía pendientes de pago, incluida una expropiación por valor de 1,2 millones de euros que arrastraba desde 2015. Algo que va a permitir que deje de ostentar la triste condición de ser el municipio más moroso de la comarca, y uno de los más morosos de la Comunidad Valenciana a la hora de cumplir con sus empresas proveedoras: el Ayuntamiento tardaba 226 días como media en pagar, cuando la norma establece un máximo de 30 días. Además de librarse de la sentencia, el municipio acaba de pagar un total de 439 facturas pendientes a proveedores hasta el día 30 de junio 2017, por un importe de 455.722 euros.
El alcalde de Benijófar, Luis Rodríguez (PP) ha querido dejar clara esta nueva situación en declaraciones a INFORMACIÓN. A la fecha de hoy «no hay en la contabilidad municipal ninguna factura pendiente de pago en el Ayuntamiento de Benijófar». Algo que espera que se refleje en los próximos informes de morosidad del Ministerio de Hacienda y los que de forma obligada realizan los servicios económicos municipales y se trasladan al pleno.
El origen de esa morosidad era complejo de resolver y tiene una larga historia detrás. El pasado 2 de mayo el Ayuntamiento procedió a liquidar 1.213.968 euros como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que condena al Ayuntamiento de Benijófar a ese pago al propietario de suelo Felipe Hernández Giménez, por procedimientos iniciados ante el Ayuntamiento en los años 2006 y 2007, en la etapa de gobierno del Partido Socialista: el Ayuntamiento dispuso en el Plan General que varias parcelas urbanas aledañas al depósito de agua se reclasificaran como de equipamiento. No son unos terrenos con mucho aprovechamiento, y como casi siempre ocurre en el planeamiento municipal con este tipo de situaciones, es difícil de concretar la necesidad que el municipio tenía de reclasificar el suelo.
Algo que iba a generar una expropiación. El Ayuntamiento decidió ocupar los suelos -plantó pinos- y contemplarlos en el inventario municipal si pagar por ellos.
Según el alcalde popular de «manera incomprensible y negligente de los alcaldes socialistas, Jose Luis González y posteriormente Daniel Padilla, no contestaron a los escritos presentados en repetidas ocasiones mediante burofax en el Ayuntamiento, en el plazo legal de seis meses como establecía la legislación valenciana vigente. La actitud de los alcaldes socialistas, de absoluta y total desidia ( intencionada o no ) provocó la apertura de cinco expedientes de expropiación forzosa ante el Jurado Provincial de Expropiación de Alicante».
Plan de ajuste
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, «reconocida en la contabilidad municipal del Ayuntamiento de Benijófar desde el año 2.015» y pendiente de pago hasta mayo es la que había provocado «que el periodo medio de pago de facturas del Ayuntamiento se incrementará de manera muy notable», según la misma fuente.
La sentencia de 1,2 millones se ha pagado con la concertación de un préstamo por 10 años, con dos de carencia, en el que solo se pagan intereses, con una entidad bancaria asignada por el Ministerio de Hacienda en el Fondo de Financiación a Entidades Locales para la financiación de ejecución de sentencias firmes. Fondo al que el Ayuntamiento de Benijófar se adhirió, aportando al Ministerio un Plan de Ajuste, solicitado por el Ministerio de Hacienda y aprobado posteriormente, que consiste en la venta mediante subastas públicas, de solares urbanos del Patrimonio Municipal del Suelo del Ayuntamiento de Benijófar, para que con cada venta que se produzca ir amortizando el préstamo concedido.
Embargo
El alcalde también explicó que el gobierno local presentó un plan de ajuste en el que, sobre todo, se quería prescindir de incrementar los impuestos a los vecinos para pagar el préstamo; y desveló algo que durante todo este tiempo, desde que se confirmó la sentencia en 2015, no se había dado a conocer: el propietario del suelo expropiado, ante el retraso evidente en el abono municipal llegó a conseguir el embargo por vía judicial de parcelas municipales como aval del pago que no terminaba de recibir.
