Para saber lo que es la CV-95, desde Orihuela a la costa para entrar a Torrevieja por la urbanización Los Balcones, hay que ir por una de las carreteras más infames de la Vega Baja, cuando desde hace años tendría que ser ya un punto neurálgico de las comunicaciones si, tal y como se prometió y se llegó a adjudicar, se hubiera construido una autovía. Una macroinversión que tendría que haber comenzado en 2007, durante los últimos momentos de la época de las «vacas gordas» -iba a costar más de 400 millones de euros- y que quedaba libre de peajes. Vamos, que se pagaría a golpe de riñón por la administración. Cinco años después, después de que un juzgado le dijera a la Generalitat Valenciana que aquello no podía seguir adelante porque no existía ni informe de impacto ambiental, después de que incluso se dudara de su idoneidad pues en algún tramo prácticamente se solapa con la autopista Crevillent a Cartagena por la costa, Isabel Bonig, entonces responsable de Infraestructuras, renunció al proyecto. Algo que nunca se supo... hasta ahora. De hecho, el propio PP de la Vega Baja hace un año «exigía» al gobierno de Ximo Puig que la rescatara cuando, en realidad, el Gobierno valenciano lo que estaba haciendo era colocándose de lado para que la indemnización que iba a tener que pagar a las adjudicatarias fuese lo más pequeña posible. Visto que iba a costar, los 9,5 millones que habrá que pagar parece poca cosa en esta Comunidad deprimida.
Bonig, ahora santo y seña del Partido Popular, se encontró ayer con las críticas a esa decisión en un momento en el cual, probablemente, ella no fuese la culpable, pero sí la persona que tuvo que dar marcha atrás porque las arcas de la Generalitat estaban vacías. La sentencia no sólo es otro varapalo más a la gestión del PP sino que deja a Orihuela tan mal comunicada como lo ha estado siempre con su costa, sin esperanza ni a corto ni a medio plazo y sabiendo que por el camino se han perdido, al menos, 9,5 millones de euros. Condenados y esquilmados.
La portavoz adjunta en les Corts por Compromís, Mireia Mollà, dijo ayer que «la gestión de Isabel Bonig como cargo público es peligrosa para las arcas públicas», refiriéndose a la sentencia y añadió: «La negligencia del PP y de Bong nos deja otra bomba de relojería que nos ha explotado de nuevo, una infraestructura más que no tenemos pero que habremos de pagar por el mal gobierno anterior. El despropósito de la autovía es un ejemplo más de lo que nos hemos encontrado los gobiernos del cambio desde hace meses: pufos y más pufos. Esta última sentencia evidencia la política caótica seguida por la lideresa del PP, que dejó obras inacabadas como la del Túnel de la Serra Grossa en Alicante y que nos cuesta 100.000 euros diarios. Nos han arruinado y continuan haciéndolo en diferido».
Por su parte, el portavoz socialista en las Cortes, Manuel Mata, dijo que este pago es una barbaridad que «demuestra la incapacidad de Bonig para gestionar». El grupo socialista presentará una pregunta oral en pleno para que la consellera Salvador detalle la situación en la que se encuentra el proceso judicial y acusó ayer al PP de «tener la desfachatez de exigir ahora al nuevo Consell que impulse la CV-95 cuando fueron ellos quienes la paralizaron unilateralmente».
