El jefe de Urbanismo de Los Montesinos ha dejado en una situación judicial comprometida al alcalde del municipio, José Manuel Butrón (PSOE), investigado (imputado) desde 2012 por supuestas irregularidades en su gestión urbanística. Por primera vez desde que se abriera el procedimiento, y durante cinco horas, el funcionario declaró en calidad de testigo ante la juez Juana López acusando directamente al primer edil de esas supuestas irregularidades. Entre otras, la falta de actuación del primer edil ante la actividad de una empresa de la construcción que ha levantado un complejo de naves industriales entre 2002 y 2007 sobre 103.974 metros cuadrados en suelo rústico común, entre bancales de naranjos y limoneros, sin contar con la declaración de interés comunitario (DIC) que solo puede otorgar la Generalitat, siempre según las declaraciones del funcionario en sede judicial. Sin ese DIC el aprovechamiento urbanístico de la parcela en la que se encuentran las naves no existe.
El jefe de Urbanismo aseguró además que ese DIC ha sido denegado en dos ocasiones por el Consell; y que el primer edil socialista no actuó cuando en septiembre 2013 le remitió un expediente de disciplina ambiental para que ordenara la clausura de la actividad. Además mantuvo que la empresa confía en «dos futuribles» a la hora de legalizar su actividad en función de las previsiones de un Plan General, al que todavía le queda recorrido para ser aprobado definitivamente por el Consell, y que además, desde el punto de vista legal, dijo, no debería consolidar las construcciones realizadas.
«No se puede modular lo ilegalmente construido», a criterio del técnico, que ganó por oposición su plaza en este municipio de cinco mil vecinos. El complejo no solo es ilegal, dijo, es ilegalizable porque se incumplen todos los parámetros urbanísticos previstos en el planeamiento de la zona, remarcó. En la misma declaración ante la jueza Juana López Hoyos aseguró que el Ayuntamiento socialista habría instado la orden de demolición sobre una de las naves del mismo complejo pero llegó a ser notificada al titular de la mercantil.
Sin sanciones
Tampoco existe constancia, aseguró, de procedimientos sancionadores con multa, por las construcciones ilegales. En esa misma declaración se indica que los vecinos con viviendas en la zona han presentado denuncias por ruidos y molestias derivadas de la actividad industrial.
El funcionario ha podido comparecer como testigo seis años después de denunciar los hechos porque ha retirado su personación como acusación. En el acto estuvo presente el abogado del Ayuntamiento, pero no el del alcalde. Además de la documentación aportada y de esta declaración, la causa se sustenta en una investigación realizada por un equipo de la Guardia Civil que también indaga sobre la supuesta permisividad municipal ante la actividad de la discoteca Revival situada en pleno parque natural y ya cerrada por el Consell.
