Hay presuntamente indicios de delito en la actuación de la edil África Celdrán. El juez titular del juzgado de Instrucción Número 1 de Torrevieja ha resuelto continuar la investigación abierta, a instancias de una denuncia del PP, contra la concejal del equipo de gobierno África Celdrán (PSOE) al considerar que existen indicios de un supuesto delito de prevaricación en su gestión., delito penado con inhabilitación para cargo público.
La causa investiga el acuerdo que la concejal rubricó a principios de este mandato con una empresa para editar un programa de fiestas sin que mediara ningún tipo de procedimiento administrativo. El auto de incoación de procedimiento abreviado dice que la concejal firmó un documento con la editorial «actuando en representación del Ayuntamiento prescindiendo» supuestamente «de las normas reguladoras del procedimiento de contratación de servicios» de las administraciones públicas, fijadas en la ley de Contratos de las administraciones públicas.
La resolución, a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, explica que, de las diligencias realizadas en los últimos meses impulsada tras una denuncia del PP en la oposición, «existen indicios» de que la edil, «actuando en su condición de concejal de Festejos (dejó el cargo hace un par de meses) suscribió un acuerdo (sic) con la editorial Mic», para la edición de los programas de fiestas de la Purísima 2015 y Feria de Mayo 2016 y la gestión publicitaria a coste cero para el Ayuntamiento, que su vez percibiría dos mil euros de la editorial en concepto de ayuda para las fiestas. Con el auto de procedimiento abreviado la juez cierra las diligencias de investigación, que, sobre todo, se han basado en la declaración de la propia concejal el pasado mes de abril y la de los responsables de la editorial.
Además pide a las partes personadas -el Ministerio Fiscal, la acusación que ejerce el Partido Popular, y la defensa de África Celdrán que realicen sus escritos de calificación de los hechos en los que pueden pedir el archivo, acusar o de forma excepcional, solicitar nuevas diligencias-. En esta fase, la edil puede solicitar el archivo ante el propio juzgado, con un recurso de reposición, y si es rechazado, otro de apelación en la Audiencia Provincial en Elche.
Ahorro y polémica
Formalmente, este tipo de recursos, en caso de que se presente, no paraliza el procedimiento. La Audiencia tarda en resolverlos entre siete meses y un año.
La concejal, que ayer no quiso hacer declaraciones, llegó al acuerdo con la editorial un mes después de acceder al cargo de edil de Fiestas. La polémica estalló cuando la firma comenzó a comercializar su publicidad encabezando su presentación ante las empresa con el escrito firmado por la edil, sin que nadie en el Ayuntamiento conociera ese escrito. La concejal dijo en su declaración, el pasado mes de abril, que su única intención era lograr un ahorro al Ayuntamiento frente al gasto anual en este tipo de programas, dado que la mercantil lo hacía todo -redacción, elaboración y distribución- a cambio de gestionar la publicidad, sin coste alguno para el Ayuntamiento, e incluso aportaba 2.000 euros.
El alcalde, José Manuel Dolón (Los Verdes), defendió a la edil asegurando que «podía haber metido la pata pero no la mano», en comparación, dijo, con otros gobiernos anteriores. Con la reestructuración del gobierno hace unas semanas el alcalde le retiró la responsabilidad de Fiestas.
La resolución del juzgado es del 1 de diciembre y se produce tras recibir el testimonio de los responsables de la empresa. El juez que ha dictado el auto de incoación ya no es el mismo que inició el procedimiento y tomó declaración la edil como investigada (imputada).
