La concejala de Fiestas África Celdrán (PSOE) declaró ayer en calidad de investigada en un juzgado de Torrevieja que su compañera de gobierno y letrada Fanny Serrano le dijo que el acuerdo que firmó con una editorial para contratar la revista de fiestas patronales «no era legal». También que ella no sabía que estaba rubricando un contrato, ni que fuera necesario, para que una empresa prestara ese servicio, aunque lo ofreciera de forma gratuita. Ante la juez, la edil justificó en su inexperiencia su actuación en este asunto. El equipo de gobierno negó la validez del acuerdo una vez se hizo público el asunto y se disculpó aludiendo a una error de la edil. El Partido Popular denunció por supuesta prevaricación a la concejala al rubricar la prestación del servicio sin que mediara ningún tipo de procedimiento administrativo de contratación y la empresa ha iniciado un procedimiento para reclamar lucro cesante.
Durante la declaración, que se prolongó durante casi una hora, la concejala reconoció su firma en dos documentos que la empresa editora MIC redactó y le entregó, y aseguró que antes de rubricarlos no tenía claro si hacerlo porque «sabe» que no «tiene delegación para realizar contrataciones». Sin embargo, los firmó porque el comercial de la empresa editora le dijo que «solo era una declaración de intenciones». La concejala asegura que siempre lo entendió como un acto previo, «no como si estuviera firmando un contrato». Sin embargo admitió que para este procedimiento creía que no era necesario un expediente o contrato público, al no suponer un gasto para el Ayuntamiento.
Celdrán contó que el comercial de esta empresa -al que no conocía con anterioridad y al que atendió sin cita previa-, le ofreció elaborar el libro de fiestas patronales de 2015 «sin ningún tipo de gasto para el Ayuntamiento» y le pareció «buena opción hacer el libro de fiestas sin pagar». Aseguró que comentó, antes de firmar, este ofrecimiento «al resto de compañeros» que le dijeron que les «parecía correcto» en la reunión semanal de coordinación que mantienen los concejales del gobierno local, aunque ninguno de ellos ha llegado a reconocer este extremo. La responsable de Fiestas también dijo que se dio cuenta de su error cuando vio en las redes sociales que la empresa había comenzado a comercializar la publicidad de la revista, promocionando el producto a las empresas, con los documentos que había firmado como presentación y visto bueno institucional. «Me sentí engañada», declaró y llamó al comercial «muy enfadada».
Celdrán aseguró a la titular del Juzgado Número 1 que antes de ejercer como concejal estuvo cuatro años ejerciendo como secretaria de grupo del PSOE, atendiendo llamadas, consultas de vecinos, realizando fotocopias pero sin hacer el trabajo administrativo que abordaba la otra secretaria. Antes de realizar estas tareas, ayudaba a su madre en una peluquería y trabajó como dependienta en una joyería, aclaró. También aclaró que la firma la realizó a los dos meses de ejercer el cargo, cuando no contaba con asesores.
La concejala, que percibe 3.200 euros brutos por su cargo como edil de Fiestas y Servicios Sociales, defendida por la letrada Norma Giménez, se sometió a las preguntas de la jueza y no se acogió a su derecho a no declarar, respondiendo a todas las preguntas del abogado del PP, Benito Sánchez. No comparecieron ni el Ministerio Fiscal, ni la representación de la editorial MIC, que se ha personado en el procedimiento como acusación particular.
Nerviosa a su salida del juzgado, no quiso realizar declaraciones, acompañada los concejales del equipo de gobierno Javier Manzanares y Domingo Pérez.
