Este mes se ha cumplido un año desde que tres familias de Callosa de Segura fueron desalojadas de sus casas porque sufren daños estructurales. El motivo es que la calle Salitre ha sufrido un hundimiento calle Salitre hundimiento como consecuencia de fugas de agua de la red subterránea. En total son cuatro las viviendas perjudicadas y hasta ahora sólo se sabe que dos de ellas tendrán que ser derribadas. Por el momento no hay ningún informe técnico que diga qué obras hay que acometer en el vial y los vecinos afectados todavía no han recibido ni un euro de indemnización.
Según dictaminó el Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat, el Ayuntamiento es el responsable de abonar las compensaciones por los daños que han sufrido los inmuebles. Será el seguro de responsabilidad civil del Consistorio el que se hará cargo de pagar lo que corresponda, si bien sólo uno de los propietarios afectados y la aseguradora han llegado a un acuerdo económico, aunque todavía no se ha pagado nada.
El origen del problema que afecta a esta calle son las pérdidas de agua que sufrió la red de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, cuya tubería discurría por debajo de esa calle, y las redes de Aqualia, que es la concesionaria del servicio de agua potable en Callosa. A esa conclusión se llegó tras realizar un estudio geotécnico con catas en la zona afectada, hace ya diez meses.
Además de los vecinos afectados de forma directa porque sus casas presentaban riesgo de derrumbe, el cierre de este vial ha obligado a desviar el tráfico. La calle Salitre está situada en uno de los extremos del casco urbano y era utilizada cada día por cientos de conductores para desplazarse hasta Redován y Orihuela, y para acceder a la variante que conecta con el Hospital Vega Baja.
El alcalde de Callosa, Fran Maciá, justifica la tardanza en solucionar este problema por el farragoso trámite burocrático. Primero hubo que determinar de quién era la responsabilidad y después dilucidar quién tenía que sufragar las reparaciones. Más tarde se desvió la tubería del Taibilla por otras calles del municipio y ahora, por fin, se comenzará el estudio que determine qué obras hay que acometer. Para ese fin el Ayuntamiento ha pedido ayuda a la Diputación de Alicante a través del área de Obras que dirige Bernabé Cano. La institución provincial envió el 26 de septiembre a dos técnicos para hacer una evaluación del estado de las cuatro viviendas afectadas. Su dictamen concluyó que dos de ellas hay que demolerlas porque no son seguras. Las otras dos sí se pueden sostener realizando algunas obras. Sin embargo, esos técnicos estimaron que tenía que ser un ingeniero el que realizara el estudio sobre el firme para determinar cuál era su estado y proponer una actuación. Tras una visita inicial, se ha planteado ahora la necesidad de realizar un nuevo estudio introduciendo cámaras en el subsuelo para poder hacer nuevas valoraciones mediante otro estudio geotécnico.
El regidor dijo que las obras que precisa la carretera no serán sufragadas por el seguro municipal porque sólo cubre daños a terceros. El Ayuntamiento pretende reclamar a la Mancomunidad del Taibilla y Aqualia que sufraguen las obras al considerar que son las entidades responsables de toda esta situación, pero si no hay acuerdo las soluciones se podrían demorar durante años al tener que iniciarse una batalla judicial. Por ello, la pretensión del Consistorio es solicitar también ayudas económicas a la Diputación y la Generalitat pero como todavía no hay un proyecto redactado que diga qué es lo que hay que hacer, se desconoce el montante económico que se necesita.
