El juzgado de lo social Número 3 de Elche ha embargado la única cuenta bancaria que mantenía la Mancomunidad de Promoción Económica de la Vega Baja, en la que habían 80.000 euros. También ha enviado escritos a los Ayuntamientos de Redován, San Fulgencio, Bigastro y San Miguel de Salinas para que los 720.000 euros que deben a esa entidad los ingresen en una cuenta a cargo del órgano judicial. El magistrado no quiere que los gestores de la Mancomunidad manejen ni un euro más porque todavía no han pagado la indemnización a los 10 trabajadores que fueron despedidos de forma improcedente en el año 2012 y que todavía no han cobrado las indemnizaciones que les corresponden, que suman casi medio millón de euros.
En su auto, el magistrado José Antonio Buendía ha advertido a la Mancomunidad, presidida ahora por la edil de Los Montesinos Ana Belén Juárez, que si en el plazo de un mes no se ha cumplido con el pago requerido a los consistorios, se adoptarán medidas coercitivas contra los responsables, que pueden ser desde los 10 Ayuntamientos que conforman la Mancomunidad hasta los responsables del proceso de liquidación que no se ha ejecutado. Además ha pedido que se identifique qué funcionarios se encargarán de hacer ese proceso para poder solicitar las pertinentes responsabilidades si no se ejecuta esta orden.
Acatar la sentencia
Por otro lado, el juzgado de la contencioso-administrativo de Elche ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Redován que pleiteó para demostrar que el municipio abandonó la Mancomunidad antes de que llegara el proceso de liquidación, en 2012. Ahora el consistorio ha decidido acatar esa sentencia y no recurrirla en el Tribunal Supremo, pero no está conforme con la cantidad que se le reclama como socio, 51.000 euros, al considerar que se le están imputando gastos que ya abonó.
La ruina económica de la Mancomunidad llevó a fijar que en febrero de 2015 la entidad debería quedar extinguida y las deudas abonadas. Pero no ocurrió así. Los exempleados consiguieron que se embargara la sede, que costó 824.000 euros y que salió a subasta por 125.000 euros, pero nadie la quiso. Se formalizó también un plan de pagos que se incumplió y hasta el día de hoy nadie ha cobrado. Ahora el secretario de la Mancomunidad y la administrativa contratada también se han quedado sin recibir su sueldo. Tampoco se ha abonado su Seguridad Social. Esto es así porque el juzgado no quiere los gestores manejen más dinero por ser los responsables de no ejecutar la sentencia que obliga a pagar a los exempleados.
