El que fue concejal de Obras en Torrevieja los dos anteriores mandatos, Javier Montoro (PP); y la asesora de Alcaldía durante el mismo periodo, Juana López Carmona, tendrán que responder ante un jurado popular por un delito de malversación de caudales públicos por el supuesto mal uso que ambos hicieron entre 2009 y 2012 de sus teléfonos móviles, pagados por el erario públicoteléfonos móviles, y que a juicio de la magistrada Natalia Martínez, titular del juzgado de Instrucción 5, fue «abusivo y desproporcionado». Así consta en el auto notificado el lunes que sirve para cerrar la fase de diligencias previas y dar continuidad a una segunda mucho más corta, como es la calificación de los hechos la cual también pueden recurrir los encausados. De hecho, Javier Montoro explicó ayer al diario que así lo harán y recordó que no entiende que se continúe la causa contra él. «Ya di mis explicaciones en el juzgado y muchas de esas llamadas no eran privadas, eran públicas, pero me defenderé».
La magistrada exime en el mismo auto de responsabilidad penal por estos hechos a otro cargo de confianza, como era Graham Knight; y a tres concejales más del Partido Popular en esa época: Eduardo Gil Rebollo, José Manuel Pizana y Daniel Plaza al considerar que no se da el tipo del delito, pese a que ha quedado acreditado en la investigación el gasto en llamadas al extranjero, conexión a canales de televisión porno para adultos o llamadas a prostitutas -en función de qué linea se tratase e imputado se tratase- porque entiende la magistrada que, a tenor de los informes que obran en las actuaciones, no han supuesto un importante detrimento para las arcas públicas -«las llamadas a servicios de prostitución no alcanzaron siquiera el precio de un euro entre las tres», llega a decir en su escrito- o bien no ha quedado acreditado que las conexiones se hubieran hecho con «total conocimiento y voluntad del usuario» del teléfono. Se da la circunstancia de que la Fiscalía solicitó el archivo de las diligencias para los seis imputados en esta causa, abierta a raíz de una denuncia de la concejala socialista, Fanny Serrano. El Ministerio Público, además, esgrimía, entre otras cuestiones, que el montante total de las llamadas que no cumplían servicio público eran poco más del 1,4% de las realizadas por el Ayuntamiento en ese periodo, que ascendía a más de medio millón de euros.
¿Y qué ha visto la magistrada en la actuación de Montoro y López para seguir la causa contra ellos? Exclusivamente el volumen -en el primero caso- y de servicios Premium contratados que fueron ajenos evidentemente a la función pública. Concretamente se trata de 3.331,9 y 2.188,9 euros, respectivamente, los gastos sin justificar de ambos. Se da la circunstancia de que el primer concejal que salió al paso de estas acusaciones, cuando INFORMACIÓN publicó en exclusiva este asunto, fue el propio Montoro quien tras ser informado del montante decidió reintegrarlo a las arcas públicas, al tiempo que afirmó que en sus ocho años de concejal nadie le dio nunca una factura; es más, se le había dicho en reiteradas ocasiones que todos los concejales tenían tarifa plana. Pues no era así.
Indicios
«Del informe llevado a cabo por el equipo de Policía Judicial de Torrevieja -dice el auto de la magistrada- se concluye que en el supuesto de las líneas móviles de Juana López y de Javier Montoro sí obran indicios racionales de la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos, pues fácilmente se puede constatar cómo desde la primera de ellas se efectuaron un volumen importante de llamadas al 905 -servicios de telefoto y llamadas masivas- y cómo desde la segunda se realizaron también un ingente número de llamadas y sms a las líneas móviles (....) cuyo titular, según ha quedado indiciariamente acreditado en autos, a tenor de las propias manifestaciones de Javier Montoro, sería ajena a la función pública (...) pudiendo tildarse a juicio de este instructor de abusivo y desproporcionado el uso que de tales terminales, encomendados para el ejercicio de la función pública, habrían llevado a cabo ambos, no resultando por otro lado plausibles y razonables las explicaciones que en relación a tales llamadas ofrecieron estos».
