El Ministerio Fiscal ha pedido el sobreseimiento del procedimiento que investiga el supuesto abuso de los móviles municipales por el que están imputados dos concejales, dos exediles y dos asesores del gobierno del PP en el Ayuntamiento de Torrevieja al considerar que de la instrucción no se puede acreditar un delito de malversación de caudales públicos.
El Ministerio Público, que fue el que reclamó al juzgado que se investigara este polémico asunto a principios de 2013 tras una denuncia del PSOE, argumenta que los móviles de propiedad municipal se usaron de forma «temporal y transitoria» para realizar llamadas privadas, «sin ánimo de lucro» y «sin desplazamiento del bien» utilizado. Además, añade, su coste en ninguno de los casos, según el estudio realizado por agentes especializados de la Guardia Civil, alcanza los cuatro mil euros. Límite legal establecido en las causas de malversación para que se consideren un «grave perjuicio para la causa pública».
El Fiscal responde así a las peticiones de sobreseimiento realizadas por los concejales Eduardo Gil Rebollo, Javier Montoro, el exconcejal Daniel Plaza, el exdelegado José Manuel Pizana, la asesora Juana López Carmona y el exasesor de Alcaldía Graham Knight y trasladadas a las partes personadas por la titular del Juzgado de Instrucción Número 5
El fiscal José Jesús Maraver subraya que el gasto municipal en telefonía móvil entre 2009 y 2012, fue de 504.939 euros y «deberíamos concluir que el referido gasto no produjo un grave perjuicio, de índole patrimonial o económica, para la causa pública». En concreto, el Ministerio Fiscal deduce que ese uso de los móviles no puede haber generado un daño funcional en los servicios municipales -definido como el que afecta gravemente a la correcta actuación de la Administración- cuando supone el 1,4% del desembolso en la factura de telefonía del Ayuntamiento durante esos años.
34 euros
Las diligencias , que advierten sin embargo de la dificultad de fijar cifras exactas, indican que el mayor gasto privado de móvil público lo realizó Javier Montoro con 3.331 euros, seguido por la actual asesora Juana López con 2.188 euros, mientras que cifra en 34 el realizado por Daniel Plaza, que renunció a su acta al trascender que utilizaba el terminal para realizar llamadas a contactos. Todos realizaron reintegros de distintas cantidades a las arcas públicas.
La edil socialista Fanny Serrano explicó que desde la perspectiva jurídica el PSOE, personado en al causa, no comparte «el cambio de criterio de la Fiscalía» dado que fue el Fiscal Jefe el que centró los indicios de malversación en el uso de los caudales públicos. La calificación realizada ahora, indicó, pone el énfasis en la utilización de los propios móviles como bienes muebles del municipio y «para nosotros lo importante es la puesta a disposición de caudales públicos a los concejales y que hagan un uso privado de ellos». Serrano anticipó que se opondrá a la petición de archivo y subrayó que el informe «desde la perspectiva ciudadana es indignante. Consideramos reprochable la utilización del dinero público desde el primer céntimo. No es posible el mal uso desde el primer céntimo».
