Un ciudadano tiene que esperar más de dos años para recibir Justicia cuando ha acabado la fase de instrucción de un proceso penal en Torrevieja porque el magistrado que tiene que juzgar ese procedimiento tiene una sobrecarga del 167% sobre los módulos máximos que marca el Consejo General del Poder Judicial y no tiene fechas libres antes. Y en esta ciudad también los juzgados de Primera Instancia asumen un exceso de trabajo que alcanza el 245% con respecto a la entrada de asuntos que considera soportable el órgano de gobierno de los jueces. Con datos como estos se presentó ayer el nuevo juez-decano, Mariano José Gómez Lozano, quien sustituye a Juana López tras quince años al frente de uno de los palacios de Justicia más complejos del país por la gravedad y complejidad de delitos que se están investigando y que, muchas veces, acaban en la Audiencia Nacional. Y esos tres quinquenios son los mismos que tiene el partido judicial desde su segregación del de Orihuela, lo que ha demostrado que, por número de asuntos, es más importante que el oriolano, pese a que éste continúa siendo cabeza de la comarca. El nuevo responsable de los jueces torrevejenses se presentó relatando proyectos y anhelos para intentar descongestionar la presión de trabajo que sufren sus compañeros en un partido judicial que genera un considerable volumen de trabajo con peculiaridades como la gran «flotabilidad», dijo, de una gran parte de la población.
El decano reconoció que, aunque no tiene datos comparativos, en Torrevieja están probablemente los juzgados que ocupan por saturación el primer lugar de toda España, refiriéndose tanto al juicio penal y al procedimiento en Primera Instancia (civil). Añadiendo que, en cambio, «los juzgados de Instrucción se encuentran razonablemente bien para el volumen de trabajo que afrontan. Pero hay una sobrecarga inmensa en el juzgado de lo Penal y en los de Primera Instancia». Como ejemplo, explicó, el número 1 de civil se encuentra al 245% de la carga de trabajo.
El «reto es adoptar medidas de carácter estructural para reducir el tiempo de respuesta de la función judicial, siempre con lealtad institucional pero buscando puntos de encuentro», aseguró. No obstante, reconoció que «sé que no hay previsión presupuestaria de nuevos órganos judiciales pero no por ello hay que dejar de reivindicarlos». En concreto, se referió a la puesta en práctica efectiva de un nuevo juzgado de lo Penal y otro de Primera Instancia, los cuales ya se crearon en 2010, pero que siguen inéditos por falta de presupuesto, lo que depende en gran medida de la Generalitat Valenciana.
Otras posibles medidas
El decano también valoró la posibilidad de implantar medidas que se están tomando en otros partidos judiciales, tales como la transformación de juzgados de instrucción en Primera Instancia, pero las consideró «coyunturales» y no «estructurales». Así, argumentó que la medida supondría la transformación de un juzgado que funciona razonablemente bien, como el de Instrucción, en un nuevo órgano con una gran carga y complejidad, ya que en el partido judicial de Torrevieja también se abordan casos muy exigentes, como los del crimen organizado con lo que en definitiva, el colapso se desplazaría de un juzgado a otro.
Además, pidió «al menos dos funcionarios» que puedan descargar trabajo y recordó que sí ha habido un refuerzo de personal, pero no siempre de manera definitiva, por lo que repitió que los nuevos apoyos deben tener carácter estructural porque es necesaria su continuidad.
Por último, repasó la puesta en marcha de una oficina de presentaciones el pasado febrero, herramienta que anunció el Consell a comienzo de 2014. Es un departamento que brinda mayor eficacia al trabajo judicial, puesto que pone en común las bases de datos judiciales y policiales, incrementando así la agilidad a la hora de citaciones, búsquedas y control de los acusados.
