Algo más de 200 trabajadores del Ayuntamiento de Orihuela, según confirmaron fuentes sindicales, se quedaron en enero sin el plus de productividad, algo que muchos percibían desde hacía años y que les ha puesto de uñas contra el concejal de Recursos Humanos, Víctor Ruiz (PSOE) por negarse a seguir pagando esos emolumentos con otra fórmula: un complemento específico, tal y como planteó como alternativa el interventor, Fernando Urruticoechea, quien desde que llegó en abril ha ido poniendo reparos al pago de las nóminas por irregularidades entre las que se encontraría ésta.
El técnico entiende que el equipo de gobierno había hecho de una excepcionalidad -el pago de la productividad por un esfuerzo concreto- un uso fijo (en cuantía) y periódico (por anualidades) que no cabe en el concepto. Para entender la importancia que tiene en Orihuela hay que saber que supuso en 2014 más de 620.000 euros. Urruticoechea, harto de que no le escucharan, se negó a informar en enero sobre la renovación de los expedientes que de forma individual -y muchos prácticamente calcados- le pusieron sobre la mesa.
Se da la circunstancia de que una buena parte de los afectados lo viene percibiendo porque realiza funciones de mayor categoría; es decir, asume una responsabilidad que no le corresponde porque ocupa una plaza vacante de superior categoría que alguien le dijo que tenía que asumir de forma interina. El técnico, según fuentes municipales, considera que son un complemento del sueldo y en tanto en cuanto no haya titular para ese puesto deberían figurar como tal, algo que rechaza el edil porque considera que supondría una desigualdad entre trabajadores. Es decir, el que no se pague es una decisión exclusivamente política porque ni tan siquiera sería necesario someterla a un pleno (donde el bipartito está en minoría), ya que sería suficiente con que se aprobase en una junta de gobierno, tal y como se hacía con la productividad.
La situación ha generado gran tensión en muchos departamentos del Ayuntamiento porque los trabajadores que no cobran desde enero no están dispuestos a asumir por más tiempo esta carga adicional que muchas veces les obligaba a trabajar de tardes o fines de semana. El alcalde en funciones, Antonio Zapata (PSOE), firmó un decreto el viernes al respecto para instar a que se haga la labor porque el equipo de gobierno ya ha detectado cómo se está ralentizando el trabajo -o no se hace a tiempo- cuando el que tiene que firmar se niega a asumir unas responsabilidades que ni cobra ni se le quieren reconocer y esto afecta, incluso, a jefes de servicio.
Víctor Ruiz tiene previsto dar salida a este problema a través de un reglamento de productividad que ha planteado a los sindicatos y que hará que cada tres meses sea revisable por los jefes de servicios que tendrán que decir, en definitiva, quién se lo merece y quién no. El edil, que considera más justo el pago desde esta fórmula, añadió que cree que los sindicatos aceptarán su propuesta. Ayer, a la pregunta de qué pasa entonces con aquellos funcionarios que asumen jefaturas desde hace años y que seguirán cobrando por este sistema, aseguró que el problema se resolverá cuando se apruebe la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)... la próxima legislatura.
