Un Ayuntamiento con 700 trabajadores de los cuales 160 son funcionarios y el resto contratados sin méritos demostrados ante un tribunal no puede funcionar con tranquilidad y menos cuando un problema de este tamaño ha tenido a tres ediles para tratar de resolverlo esta legislatura: Asun Mayoral, Rosa Martínez y Víctor Ruiz. A finales de 2011 la primera anunció una inversión de 15.000 euros en un informe para que una empresa externa realizara un estudio de las necesidades y saber cuántos funcionarios, dónde y con qué responsabilidades y sueldos hacían falta para manejar la Casa Consistorial oriolana.
Pero siete meses más tarde, en plena negociación con los sindicatos, la echaron de su grupo. Ya en aquellos momentos el equipo de gobierno estaba en minoría -tras haber expulsado CLr a Houliston- por lo que quien le sucedió, Rosa Martínez, no sólo se encontró con un problema por resolver al que no podía darle salida sin el plácet de la oposición, sino que el gobierno central impedía la convocatoria de plazas por culpa de la crisis. Así el PP, a través de David Costa, se ha pasado toda la legislatura criticando el hecho de que uno de los proyectos básicos de cualquier ayuntamiento (la RPT) se haya pasado cuatro años dormida en un cajón. M. A.
