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Regantes del Segura

Los agricultores alegarán contra un decreto de sequía para evitar el expolio del agua

El Juzgado de Aguas oriolano asegura que la cuenca es deficitaria «llueva o no»

Los agricultores alegarán contra un decreto de sequía para evitar el expolio del agua

El Ministerio de Agricultura prepara un real decreto que permita modificar «a su antojo» los derechos de concesión de agua del Segura con la que cuentan los regantes tradicionales de su huerta, «para poder darle el agua de la Cuenca a los del trasvase Tajo-Segura», según denunció ayer el Juzgado de Aguas de Orihuela. Para justificar esta decisión, calificada de «expolio» por los regantes tradicionales y ya alegada, el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo Segura (SCRATS), argumenta ante el Ministerio y la Confederación Hidrográfica que la cuenca vive en situación de sequía. «No existe sequía en el Segura. Lo único que hay es un déficit permanente del Trasvase porque nunca llega el agua que se necesita llueva o no», según mantiene el órgano que agrupa a los regantes.

Aunque ese Juzgado no lo cita, se trata de un déficit que se verá agravado por la nueva regulación del Trasvase Tajo-Segura, que condiciona el agua que se pueda trasvasar al nivel de reservas de los embalses de cabecera en Castilla-La Mancha. Una decisión aprobada el pasado año con el visto bueno de los representantes de los propios regantes. Para el Juzgado de Aguas, ese déficit en los riegos del trasvase se debe «solventar con más transferencias, más desalinización o incluso con la cesión de sus derechos, pero no desde el expolio de la Administración a los regantes del Segura utilizando un decreto que es un fraude de ley por cuanto es falsa la argumentación de la sequía, como justificación del mismo».

Derechos

Además explica que los regadíos tradicionales están dispuestos a ayudar a los del Trasvase con cesiones de derechos ayudar -algo que ya ocurrió el pasado año en algunas zonas de Murcia- pero «desde acuerdos entre las dos partes, de forma trasparente y voluntaria, no desde asaltos administrativos como el que se pretende y que lo único que hace es resolver el problema de la permanente falta de agua del Trasvase a través de darles el agua de la cuenca». Un déficit hídrico que se produce al margen de si en la Cuenca hay o no suficientes recursos y que será mayor en los próximos años por la regulación del Trasvase.

Cuando se puso en marcha el Trasvase, a principios de los 80, se autorizó la transformación al regadío de una superficie mucho mayor a la que finalmente podía abastecer. Estos regantes están agrupados en el SCRATS. Una influyente entidad, formada por más de 60 comunidades que desarrollan una agricultura intensiva, en Murcia, Alicante y Almería sobre una superficie de 132.000 hectáreas.

El riego tradicional todavía abarca 21.000 hectáreas de la Vega Baja organizadas en comunidades y juzgados de aguas con más de 40.000 propietarios de tierras -muchos de ellos siguen contando con la agricultura como principal sustento-. Los regantes, que durante años tuvieron que soportar la contaminación de sus recursos, ni tan siquiera conocen el alcance de la decisión ni cuánta de su agua utilizaría el SCRATS, pero presumen que seguramente se les obligaría a regar con el agua de pozos de sequía que es de menor calidad.

600 hectómetros

El Juzgado de Aguas explica que es cierto que este año pasado llovió la mitad -153 litros por metro cuadrado- que el anterior -327 litros-, pero ese dato sólo es un índice válido en cultivos de secano que se alimentan del agua de lluvia. En los de regadío, como es el caso tanto del Trasvase como del Tradicional, la lluvia, como aporte directo a los cultivos, «es un dato complementario no significativo». Aun con menos lluvia el agua que ha llegado este año a los embalses de la Segura son 455 hectómetros, «superior incluso a la media de los últimos 30 años (326 hectómetros). Además explican las mismas fuentes que el agua embalsada en los pantanos de la cuenca del Segura, 600 hectómetros, es muy similar a la del año anterior (672 hectómetros). Una situación que nada tiene que ver con la última vez en la que se dictó el decreto de sequía hace más de una década -totalmente justificada en ese momento, según los regantes-.

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