El Ministerio de Agricultura ha comunicado esta semana al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura que hasta el 31 de marzo sólo podrá enviar a la cuenca del Segura y el Campo de Elche un total de 11 hectómetros de agua para riego, lo que representa un recorte del 50% sobre el caudal idóneo y compromete el futuro de la cosecha de las hortalizas de verano cuya siembra empieza ahora.
El descenso de la reserva de agua en el complejo de embalses de Entrepeñas y Buendía, donde, paradójicamente, la sequía es tan estructural como en la provincia de Alicante, ha hecho que la cantidad embalsada (535 hm3) esté a sólo 135 hm3 de cerrar toda posibilidad de envío oficial de agua, lo que ha llevado a los agricultores a reclamar al Ministerio la aprobación de un decreto de sequía, que les eximiría de pagar las tasas del trasvase «y de esta manera poder comprar agua a regantes de Castilla-La Mancha a un precio competitivo. El decreto de sequía es fundamental porque nos permite también abrir pozos de sequía en la cuenca y poder captar agua», subrayó ayer Ángel Urbina, portavoz del Sindicato Central tras regresar de Madrid, donde acudió junto a Jospé María Claver y Manuel Serrano.
La falta de seguridad para la recepción de caudales se suma, por otro lado, a que el Ministerio sigue sin resolver con la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó el desbloqueo del Júcar-Vinalopó y ni siquiera el envío de los 12 hm3 del embalse de Alarcón para el abastecimiento hídrico de 300.000 familias en el Medio y Alto Vinalopó. Y todo en una semana en la que el Ebro se ha vuelto a desbordar Ebro . «La falta de voluntad del Gobierno, de éste y del anterior, provocan que sigamos como sigamos mientras vemos el Ebro desbordado y provocando la ruina a muchos agricultores. Un trasvase que solucionaría todos nuestros problemas y volvemos a reclamar, por ser algo de sentido común», aseveró Urbina.
La sequía en la cabecera del Tajo-Segura (Entrepeñas y Buendía) ha aumentado en las últimas semanas la presión sobre el trasvase debido a la progresiva caída del nivel de agua embalsada, que esta semana está en los 535 hm3, unos doscientos menos que el año pasado y a 135 hm3 de que el trasvase se cierre y no pueda salir ni una gota hacia la provincia. La nueva ley del trasvase elevó en 2014 la reserva a los 400 hm3 (antes 240 hm3), complicando el envío de agua en los ciclos de sequía como el actual. La falta de lluvias amenaza, por tanto, al riego agrícola y ha obligado también a multiplicar la producción de caudal desalada en la planta de Agua Amarga y acelerar la puesta en marcha de las desaladoras de Torrevieja y Mutxamel, lo que también va a afectar al recibo del agua para consumo urbano. El agua desalada es ocho veces más cara que la del trasvase.
En el caso de que el Gobierno acceda a la petición de los regantes, la alternativa que prevé el plan de cuenca del Segura pasa por recurrir a las aguas provenientes de los acuíferos subterráneos y a las plantas desaladoras, así como al control exhaustivo de los aprovechamientos.
El aumento de la compra de agua desalada para poder garantizar el suministro de agua potable, y evitar así cortes y restricciones, va a provocar que el recibo trimestral del agua para abastecimiento urbano suba este año hasta 10 euros de media en la provincia, producto del incremento que los ayuntamientos tendrán que incorporar a la factura a partir de abril. Mes en el que entrará en vigor el aumento propuesto por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla el pasado diciembre, y que debe ser aprobado por el Gobierno durante este primer trimestre.
