El pleno del Consorcio de residuos aprueba rescindir el contrato con la UTE Cespa-Ortiz

Fuentes de la Diputación de Alicante han explicado a Efe que ha sido la presidenta del consorcio y de la corporación provincial, Luisa Pastor (PP), quien ha explicado los motivos de esa decisión, avalada por los informes del Consell Juridic Consultiu (CJC), de la secretaria general de la corporación provincial y de las universidades Carlos III de Madrid y Jaume I de Castellón.

Tras la rescisión del contrato con la citada UTE, participada por el empresario Enrique Ortiz, imputado en el 'caso Brugal', la empresa podrá ahora presentar alegaciones dentro del periodo establecido.

En palabras de la presidenta del consorcio y de la Diputación de Alicante, lo "importante" es que en la Vega Baja sean capaces de llegar a un acuerdo "sobre dónde y cómo tratar los residuos", porque los permisos concedidos en la actualidad por parte de otros consorcios son "limitados" por la "propia capacidad de las plantas de residuos".

A mediados del pasado mes de septiembre, el Consorcio de residuos de la Vega Baja aprobó iniciar la resolución del contrato de concesión de la obra pública del proyecto de gestión de desechos urbanos de la Vega Baja con la adjudicataria, la UTE Cespa-Ortiz, por "incumplimiento" de ésta de "las obligaciones asumidas", según informaron entonces fuentes de la Diputación.

Ahora, el pleno del Consorcio ha resuelto la resolución del contrato, entre otra razones, por no disponer la UTE de los terrenos necesarios para la construcción, por un lado, de la planta de residuos prevista en Albatera y, por otro, de la de transferencia que debía albergar Cox.

El coordinador el PP en la Vega Baja, Adrián Ballester, ha afirmado en un comunicado que ha sido la "coherencia" de su partido la que ha puesto "fin" al Plan Zonal de la Vega Baja.

Ballester ha anunciado la intención de su grupo de crear un nuevo plan zonal, "fundamentado en la coherencia en los planteamientos, el respeto medioambiental, la eficiencia, el consenso político y la participación ciudadana".

"Sin coherencia, sin consenso y sin participación no se pueden adoptar decisiones que afectan a todos los ciudadanos", ha dicho.

A su vez, el diputado provincial socialista Raúl Valerio Medina ha considerado que, tras la decisión del Consorcio, es el momento de "ponerse a trabajar" para "dar una solución definitiva a los problemas en la recogida de residuos que tiene la Vega Baja".

Por ello, Medina ha exigido que el nuevo procedimiento de adjudicación "se ajuste a los principios de servicio público, consenso, transparencia y participación ciudadana".

A su juicio, el nuevo contrato "ha de alejarse de los intereses particulares" y defender "el interés general, atendiendo a la reducción en la generación de residuos, su reciclaje y su reutilización, así como a la publicación de los datos sobre los aspectos económicos y ambientales en su funcionamiento".

Mientras, la abogada de la plataforma Granja-Cox, Beatriz Nadal, que ha estado presente en el pleno, ha mostrado su "satisfacción" a nivel político por esta decisión, pero ha querido dejar claro que "a nivel jurídico no se ha ganado la batalla" porque, entre otros aspectos, "la empresa va a recurrir esta resolución en los juzgados, lo que va a eternizar este asunto".

Nadal ha recordado que, en el pliego de condiciones administrativas, se otorgaban cinco puntos a la empresa que presentara "opciones de compra con propietarios de los terrenos", aunque no era obligatorio, y en ese momento, la comisión técnica del Consorcio concedió esa puntuación a la UTE Cespa-Ortiz, lo que le permitió hacerse con el contrato.

No obstante, y según sus palabras, ahora el Consorcio alega que la UTE "no dispone de los terrenos necesarios" para construir tanto la planta de residuos prevista en Albatera como la de transferencia que debe ubicarse en Cox, algo que, en su opinión, "va a llamar la atención en los juzgados".