La Plataforma Granja-Cox No al Vertedero se ha mostrado satisfecha "a nivel político" por la resolución, este miércoles, del contrato con la UTE adjudicataria para la construcción de una planta de tratamiento de residuos en la Vega Baja. No obstante, "a nivel jurídico" han subrayado que debería iniciarse una causa penal que "hay indicios de criminalidad".
La rescisión la ha adoptado este miércoles la Junta de Gobierno del Consorcio de Residuos del plan Zonal XVII, en la que están representados todos los ayuntamientos de la comarca. La resolución afecta a la UTE Cespa-Ortiz, participada por el empresario Enrique Ortiz imputado en la causa por el caso 'Brugal', para la construcción de una planta de transferencia de residuos en la Vega Baja en terrenos de las localidades de Cox y Albatera.
En declaraciones a Europa Press, la abogada de la Plataforma, Beatriz Nadal, ha afirmado que el problema es que "no se ahonda en la raíz del verdadero problema", porque a su juicio "la Comisión Técnica en su momento otorgó 5 puntos sobre 5" por los derechos de compra sobre los terrenos y ahora "dice el Consorcio que no hay disponibilidad. Eso en referencia al vertedero de Albatera".
"Sobre la planta de transferencia de Cox, hay que tener en cuenta de quién es la titularidad de los terrenos donde iba a estar. Porque esa parcela, que está ubicada en el sector 8 y tiene 6.436 metros cuadrados, el 66,67 por ciento es de propiedad de Ricardo Tirante e Hijos SL, que es la familia política de Carmelo Ribes, alcalde de Cox. Y llama la atención esa omisión", ha continuado Nadal.
RECURSOS
La abogada de la Plataforma ha considerado que el acuerdo es "una muerte anunciada" y ha adelantado que la UTE ya ha manifestado que "va a recurrir" y "no se van a quedar de brazos cruzados", por lo que ha estimado que "los verdaderamente perjudicados serán los ciudadanos".
En ese sentido, ha dicho que "se va a eternizar la lucha en los juzgados" y "al final" se tendrá que "pagar una indemnización millonaria a Cespa-Ortiz".
Por ello, ha considerado que "quien tiene que investigar es un juzgado de lo Penal, porque hay indicios de criminalidad". "El Consorcio sabe de quiénes son los terrenos donde va la planta de transferencia. Pero claro si lo dice, eso sería prevaricación por parte del alcalde de Cox, y entonces ya no se estudiaría desde una perspectiva de derecho administrativo sino desde una perspectiva de derecho penal", ha concretado.
Asimismo, Nadal ha advertido de que "debe hacerse un nuevo Plan Zonal" pero "una de las cuestiones" es que el Plan Integral de Residuos (PIR) está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) "porque no es acorde a la directiva europea de residuos". Ante ello, la Plataforma han exigido que "se haga un plan zonal acorde a esa directiva de la Unión Europea y que se tenga en cuenta la participación de los ciudadanos".
