José Manuel Medina y Mónica Lorente, los dos últimos alcaldes del PP en Orihuela, están a un paso de sentarse en un banquillo por el caso Brugal después de que la jueza, Rosa María Villegas, haya mantenido sus nombres y los de 33 imputados más en un auto de 72 folios en el que explica las relaciones entre estos y otros concejales con Ángel Fenoll, entre los años 2007 y 2010, «con el único objeto de favorecer los intereses particulares del empresario imputado en dos concursos, así como en la campaña electoral y en el pago de facturas que el Ayuntamiento tenía con la empresa Colsur», dice. En Lorente, actual portavoz del PP de Orihuela, la jueza ve indicios de prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la administración; y en José Manuel Medina, alcalde de 1995 a 2007, de prevaricación, fraude y cohecho.
El auto del juzgado de Primera Instancia 3 (antes de Instrucción 3) cierra una investigación abierta el 8 de marzo de 2007, a instancias de la Fiscalía, por unas escuchas a políticos realizadas precisamente por Fenoll, después de que se adjudicara de forma provisional el contrato de las basuras a un competidor en 2006 con el objeto de demostrar que el proceso estaba corrupto, y que han terminado por salpicar a políticos de Calp, Alicante (Ayuntamiento y Diputación), Fortuna, Abanilla y de media Vega Baja en una veintena de causas todas conocidas bajo el sobrenombre del «caso Brugal» y amparadas en escuchas telefónicas bajo secreto hasta 2010.
El auto lo que hace es mantener la imputación de todos ellos en la siguiente fase del proceso (lo que en un sumario sería un procesamiento) porque la jueza entiende que hay indicios de delito en todos ellos: concejales, empresarios, testaferros, familiares y asesores; para justificarlo dice que formaban un «entramado delictivo organizado por el imputado Ángel Fenoll» en connivencia con los políticos; y, todo ello, para «imponer su voluntad en diversas autoridades políticas de ámbito local, tanto en la adjudicación de contratos públicos, la revisión de contratos que sus empresas tiene con el Ayuntamiento de Orihuela, la prestación de servicios sin la existencia de contrato con el Ayuntamiento, el abono de las cantidades adeudadas por el Consistorio, como en la elaboración de listas de candidatos para los grupos políticos PP, PSOE y Centro Liberal, para presentarse a las elecciones municipales, participando activamente en la campaña electoral y, en concreto, en el concurso público para la contratación de los servicios públicos de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos convocado por el Ayuntamiento de Orihuela».
¿Por qué Lorente y Medina aparecen imputados cuando llegaron incluso a sostener posiciones contrarias sobre aquel concurso? Según la jueza, porque ambos, junto a otros concejales, actuaron «en beneficio económico propio de Ángel Fenoll (y), a sabiendas de su ilegalidad, retrasaron maliciosamente el concurso, solicitando reiteradamente informes externos, hasta la declaración de desierto en el pleno de 9 de noviembre de 2007, meses después de que Medina cediera el cargo a Lorente. De ésta también dice que siendo ya regidora facilitó información a Fenoll para adjudicarse el nuevo contrato, en el que participó con Colsur y «de forma velada», dice, también con la UTE Orihuela Capital de la Vega Baja, que fue la ganadora.
Plazo
La jueza ahora da plazo a las defensas y a las acusaciones para formular escritos para ir a juicio -y por qué delitos- o bien archivarlo todo, aunque el auto es de extrema dureza y siempre partiendo la mayoría de las conclusiones de «los informes policiales confeccionados como consecuencia de las intervenciones telefónicas» sin que ponga en duda la validez de ninguna de ellas y, tampoco, la de Fenoll que dio origen a todo este asunto y pese a que éste declaró que estaba «troceada».
Correlato
El auto también hace un correlato de hechos que nace con la presentación de la denuncia por la Fiscalía. De esos folios se deducen hasta ocho delitos distintos todos cometidos con el objeto de beneficiar supuestamente a las empresas de Fenoll con los concursos públicos para, a cambio, por ejemplo, apoyar la campaña de Mónica Lorente a alcaldesa de Orihuela, en 2007, después de que ésta frenara meses antes la adjudicación a Urbaser en 2006: «abonando éste el material de la propaganda, realizando actos de campaña electoral e, incluso, el mismo día de las elecciones, una vez finalizado el plazo de campaña electoral». La magistrada no sólo se sirve de las escuchas, también de informes periciales, actas de vigilancia y documentación aportada por el Ayuntamiento, pero también cita la sentencia del juzgado de lo Contencioso que declaró que Urbaser se había adjudicado de forma legal el concurso -por delante de Colsur, la empresa de Fenoll- y nunca debió anularse (algo por lo cual el Ayuntamiento tiene que indemnizar a la mercantil y aún no se sabe por cuánto).
