La resolución del contrato de las basuras a Cespa-Ortiz comienza su cuenta atrás. La junta de gobierno del Consorcio de Residuos de la Vega Baja aprobó ayer, con la abstención de Orihuela, iniciar el proceso por «incumplimiento de contrato» al «no disponer esta de los terrenos necesarios» para la construcción del macrovertero de Albatera y de la planta de transferencia de Cox y porque la empresa «no ha podido lograr, tal como prometió, las licencias y autorizaciones para la ejecución de estas infraestructuras», según subrayó ayer en un comunicado la Diputación, que preside el Consorcio. La empresa tiene que contestar en diez días o se entiende que acepta el acuerdo.
La decisión terminaría así con uno de los episodios que más debates y protestas ha levantado entre alcaldes y vecinos de la Vega, que se oponen a la ubicación del vertedero y de la planta. Dos años «perdidos», a juicio del PSOE, por culpa de la «mayoría» que tiene el PP, «pese a que alcaldes de este mismo partido han mostrado su oposición a estos proyectos», según manifestó en la junta el secretario general del PSOE comarcal y alcalde de Rafal, Manuel Pineda. El PSOE votó a favor de iniciar la rescisión por el «bien de los ciudadanos de la Vega Baja», pero exigiendo, no obstante, que la nueva etapa «sea transparente y limpia». Pineda consideró que el caso ha «dañado la imagen» porque «el verdadero asunto que está detrás es el Brugal».
La presidenta de la Diputación y del Consorcio, Luisa Pastor, negó al PSOE que se hubieran perdido dos años y replicó que la resolución del contrato «se ha hecho cumpliendo la legalidad y paso a paso, cuando ha habido incumplimiento de contrato». Una posición que reiteró en otro momento del debate cuando dijo que «lo volvería a hacer con los mismos pasos que di. Tengo la conciencia tranquila y hoy podemos plantear el inicio de la resolución». Antes, según Pastor, no hubiera sido posible «porque teníamos que cumplir una sentencia de 2010 que obligaba a la adjudicación», argumentó, como también lo hicieron el vicepresidente del Consorcio, Javier Sendra, y el alcalde de Redován, Emilio Fernández, del PP.
Reparos
Orihuela, que ya había mostrado sus reparos en la anterior reunión de la comisión del Consorcio, basó su abstención en que los dos informes incluidos en la propuesta de rescisión -el del catedrático Blanquer, encargado por la presidenta de la Diputación y costeado por la institución provincial y el de la Universidad Carlos III, solicitado por el Consorcio- no eran suficientes. «Son dos dictámenes externos que no coinciden», según Gallud, extremo que negaron los representantes del PP. De ahí que pidiera otro jurídico y técnico de la Secretaría. Su propuesta era que la decisión se dejara sobre la mesa. Además, el edil de Orihuela planteó la necesidad de dar pasos de «transparencia» en la nueva fase del proceso; exigió saber la repercusión económica de la extinción y que la Conselleria redacte «inmediatamente un nuevo Plan Zonal, sin incineradora o vertederos», que una comisión de trabajo «marque las pautas hasta que se haga en nuevo Plan Zonal» y la «gestión directa del Consorcio». En caso de resolverse el contrato, se procederá a «incautar» la garantía de 1,9 millones de euros.
