El juez que instruye la investigación por el supuesto amaño de la adjudicación del plan zonal de residuos comarcal a favor de Cespa-Ortiz asegura que el resultado de esta causa «nunca» determinará la ubicación del macrovertedero comarcal o la anulación de la adjudicación de la contrata multimillonaria. El magistrado ha hecho esta precisión a la hora de desestimar la personación de la Asociación «Albatera No al Vertedero» y de la «Plataforma Granja- Cox No al Vertedero» en el proceso como acusación popular.
El juez del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Orihuela, que investiga estos hechos desde el año 2006, estima -en un auto firmado el pasado miércoles- un recurso, en este sentido, presentado por el principal imputado en la trama, Ángel Fenoll. En el auto argumenta su decisión asegurando que las citadas asociaciones tienen como objeto evitar la instalación del vertedero, sin embargo en la causa «no se investiga la presunta comisión de unos presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, o contra la salud pública», sino una serie de «diversos delitos» contra la Administración sobre «corrupción política y empresarial, en definitiva».
Este juez -la instrucción ya ha pasado por más de media docena- abunda en esta cuestión y realiza esta advertencia: «Sea cual sea el resultado final de la presente causa, parece obvio que la misma nunca podrá llegar a tener influencia alguna en la instalación, ubicación o localización o no del vertedero de residuos», en la finca Las Pistolas (Torremendo), en Albatera, en Cox «o en general, en cualquier otro lugar». Algo que se recoge en la adjudicación del plan zonal vigente a favor de Ortiz y que deberá, subraya el auto, dilucidarse y «como ya se está de hecho efectuando, ante la jurisdicción contencioso administrativa». El juez asegura que entre los objetivos de las citadas plataformas, en concreto en referencia a la que moviliza a miles de vecinos de Albatera, «no parece que figure la persecución de delitos como los conocidos popularmente como de corrupción política y empresarial».
Según fuentes jurídicas, una sentencia condenatoria en este procedimiento sí tendría repercusiones sobre la contrata, si con posterioridad se presentara un contencioso administrativo para pedir la nulidad del adjudicación, basado en que las decisiones administrativas se adoptaron mediando la comisión de varios delitos, lo que las anularía.
La personación permite obtener toda la información de un sumario, solicitar pruebas y acusar. En esta rama del Brugal hay más de una veintena de imputados, entre políticos, expolíticos, como el expresidente de la Diputación Ripoll y empresarios -Enrique Ortiz o Ángel Fenoll-.
