El consorcio de basuras solicitará un informe para rescindir el contrato con Cespa-Ortiz

Los representantes de los 27 municipios que conforman la Junta de Gobierno de este consorcio, a excepción del alcalde de Orihuela, han votado a favor de pedir este informe dada "la dificultad jurídica que conlleva el citado contrato" y las repercusiones económicas que su resolución podría conllevar.

El representante oriolano, el ecologista Monserrate Guillén, se ha abstenido por entender que "ya hay bastantes informes" y que los servicios jurídicos de la Diputación "son excepcionales para poder evaluar" la cuestión.

A petición del alcalde de Rafal, Manuel Pineda, también secretario comarcal del PSPV-PSOE, el informe incluirá también analizar una posible prejudicialidad penal en el origen del contrato.

En abril del pasado año, la Junta de Gobierno del Consorcio del Plan Zonal de la comarca alicantina de la Vega Baja acordó ejecutar una sentencia judicial de 2010 que conllevaba la adjudicación del proyecto de gestión de residuos urbanos a la UTE Cespa-Ortiz, y la ubicación de la futura planta de residuos en Albatera.

De hecho, la sentencia declaraba nulo el acuerdo del 3 de enero de 2008, adoptado por unanimidad de la Junta de Gobierno, por el que se adjudicaba este contrato a la misma empresa pero en la solución variante 1, con ubicación en la pedanía oriolana de Torremendo.

Al inicio del debate, la presidenta del consorcio y de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, tras recordar esta sentencia, ha añadido que desde la formalización del contrato -junio de 2013- se inició la fase de ejecución del mismo, pero "a fecha de hoy nos encontramos con que esta fase está estancada o paralizada".

A su juicio, esta situación se debe a "causas inmobiliarias y urbanísticas". Las primeras están relacionadas con la disposición de los terrenos precisos para ejecutar las instalaciones del proyecto (la planta de transferencia en Cox y la planta de tratamiento en Albatera), "dos prestaciones comprometidas por el contratista".

Sin embargo, los terrenos para ambas instalaciones aún no son propiedad de la UTE, la cual está instando la expropiación forzosa de los mismos.

"Surge, por tanto, una duda razonable y es si el ejercicio de la potestad de expropiación no está encubriendo la modificación de las bases objetivas de la adjudicación y, por tanto, del contrato concertado, siendo esto contrario al ordenamiento jurídico comunitario", ha apuntado Pastor.

"¿No podría esto suponer -se ha preguntado la presidenta- que lo que se ha adjudicado es una nueva y distinta concesión administrativa vinculada a la obtención de los terrenos mediante la Ley de Expropiación Forzosa?".

Las causas urbanísticas están, según Pastor, a las modificaciones urbanísticas que actualmente promueven los ayuntamientos de Cox y Albatera, "que dificultan o imposibilitan que la UTE obtenga las licencias" de actividad.

Por otra parte, el consorcio ha rechazado con los votos de la mayoría de los representantes municipales del PP una petición elevada por la plataforma "Albatera, no al vertedero" para revisar de oficio el citado contrato y anularlo.

Los populares de Albatera, Catral, Cox y Granja de Rocamora no han votado en contra de esta solicitud.

Precisamente, los proponentes de la misma se han manifestado ante las puertas de la Diputación para expresar su rechazo al plan zonal, una protesta que ha contado con el apoyo de representantes de otros colectivos vecinales de municipios donde ya existe o se prevé la instalación de plantas de residuos.

A juicio de los asistentes, la adjudicación del contrato estuvo "llena de irregularidades" y actualmente, según han recordado, está inmersa en el proceso judicial del caso Brugal.