Torrevieja y Orihuela, los dos ayuntamientos más afectados por la propuesta de Cespa-Ortiz sobre cómo gestionar las basuras hasta que exista una planta y que tienen que transportar más de 100.000 toneladas a más de 90 kilómetros para su eliminación, no están de acuerdo ni con el coste -casi el doble que ahora- ni con los vertederos elegidos. La presidenta del Consorcio, Luisa Pastor, firmó el martes un decreto para calmar a los ayuntamientos de la Vega después de que estos recibieran un escrito de la UTE en el cual les decía que a partir de ayer tenían que asumir ya la propuesta. Y esto no es así. A priori, hoy se reunirá la comisión técnica para evaluar no sólo el plan de reparto de las 247.000 toneladas que genera la comarca al año, sino el aumento de los precios o la petición para que la Generalitat o la Diputación expropien suelos para poder instalarse en Cox. La comisión realizará un informe que se elevará a la reunión del Consorcio. Sólo entonces se pondrá fecha -si sale adelante- al plan. Lo que sí está claro es que la Conselleria de Medio Ambiente no está dispuesta a que esto se pare. Ayer, la consellera Isabel Bonig dijo algo sencillo de entender: «los ayuntamientos tienen que asumir lo que aprobaron en el Consorcio. El tema de las basuras no es un debate político. No vale con decir que no se quieren. Se adjudicó porque los miembros del Consorcio lo aprobaron. La Administración no puede ir en contra de sus actos».

Arcas

En cualquier caso, Torrevieja no está dispuesta a priori a enviar 70.000 toneladas a Xixona o Villena, a más de 90 kilómetros, con el sobrecoste que esa decisión supondría para las arcas municipales a la hora de compensar el aumento del kilometraje y, sobre todo, el alza del precio por tonelada eliminada en esos vertederos. El portavoz del equipo de gobierno, Joaquín Albaladejo (PP), explicó que el municipio tiene vigente un contrato con la empresa de recogida, Acciona. Y que esa compañía en su día acordó eliminar la basura en la planta de tratamiento y vertedero de Abanilla (Murcia), de Proambiente. Aunque no está cerca de la costa de la Vega, estas instalaciones sí ofertan unos precios mucho más competitivos que los que se barajan para los nuevos destinos de la basura. Acciona paga en torno a 25 euros la tonelada que llega a Proambiente, mientras que Piedra Negra en Xixona o Villena cobran 50. El doble. Si ese precio sube, la empresa exigirá una compensación que el Ayuntamiento repercutiría en las tasas que, por cierto, Torrevieja no ha modificado para 2014. Albaladejo, diputado provincial, añadió que los ciudadanos no deberían sufrir las consecuencias del incumplimiento del contrato por la concesionaria y que van a esperar a contar con la información para pronunciarse aunque espera que las directrices del Consorcio que lidera su jefa, Luisa Pastor, no se impongan a los municipios.

Disconformidad

Por su parte, el alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén, mostró ayer su disconformidad con la propuesta y anunció que va a poner en conocimiento de la Diputación su oposición porque «Orihuela no puede asumir los gastos que supone tener que llevar los residuos a Xixona» y que sumarán casi el doble que ahora. El primer edil confesó que aún no dispone de la cuantía final a la que asciende esta propuesta, pero criticó que «eleva la tasa por tonelada en 20 euros sin explicación», sino que la distancia es mucho mayor y es el Ayuntamiento el que tiene que asumir estos gastos. «Estoy seguro de que eso ahora mismo no lo podemos pagar». El regidor también quiso hacer hincapié en las incorrecciones en relación a las toneladas de basura que genera cada municipio y la distancia de las localidades de la Vega Baja con respecto a las plantas de residuos donde se pretende llevar los residuos de la propuesta, ya que una de estas le afecta directamente. Según Guillén, en la proposición de la UTE, se establece que la distancia entre Orihuela Costa y Xixona es de 80 kilómetros «cuando en realidad es de 110 kilómetros».

En este sentido, criticó que este dato, «supera con creces la distancia legal». Por esta razón indicó que en esta propuesta «hay muchas incongruencias» y entendió que el único propósito de la iniciativa «es forzar a alguien para que tome algún tipo de decisión». Sin embargo, quiso dejar claro que el Consorcio «tiene que dar una solución porque, tal y como está configurado, es muy complicado de asumir».