La decisión de la presidenta del Consorcio, Luisa Pastor, de mantener la contrata con Cespa-Ortiz contra viento y marea y adjudicar la explotación de las basuras en la Vega Baja, pese a existir un procedimiento penal abierto -el caso Brugal- que investiga si la adjudicación se realizó de forma irregular (de hecho, en el mismo están imputados tanto el empresario Enrique Ortiz, uno de los socios de la Unión Temporal de Empresas; como el que era entonces el presidente del Consorcio, José Joaquín Ripoll), ha provocado durante los últimos meses que altos cargos del Partido Popular se hagan cruces por la extraña situación en la que se encuentran, ya que la mayoría de alcaldes de la Vega Baja, que son del PP, está sufriendo un terrible desgaste y, no sólo eso, los ciudadanos no terminan de entender el porqué van a tener que pagar antes o después más por el servicio de las basuras.
Fuentes del PP aseguraron a INFORMACIÓN que lo más lógico a estas alturas y viendo la situación en la cual se encuentra la UTE -que desde ayer debería tener en marcha la planta de transferencia de Cox- es buscar si existe una causa de rescisión y comenzar de nuevo todo el proceso al entender que la adjudicación está viciada desde sus orígenes y que ellos van a tener que pagar las consecuencias, con una pérdida de votos que irá aumentando a medida que el proyecto de la planta avance.
En cualquier caso, Pastor ha declarado en varias ocasiones que hará aquello que digan los técnicos, los mismos que informaron de forma favorable a la adjudicación con base a las posibles responsabilidades millonarias en las cuales podría incurrir el Consorcio para el caso de echarse atrás. Lo que sí tiene claro la responsable de la institución provincial es que se va a medir hasta el último detalle cualquier incumplimiento del contrato firmado y, en estos momentos, es evidente que existe uno: el de la planta de transferencia de Cox; lo que ocurra tienen que resolverlo con Medio Ambiente a corto plazo.
