Un juzgado de Torrevieja investiga la denuncia de tres policías locales que aseguran que multaron a una vecina por saltarse una señal de «stop» y la sanción no llegó a tramitarse en Suma. Según los agentes, la conductora llegó a indicarles que la tramitación no iba a tener éxito porque ella era conocida de un mando de la Policía Local, en concreto, de un inspector. El juzgado de Instrucción 4 ha llamado a declarar a ese mando y al responsable de la instrucción de las sanciones en el cuerpo como imputados y a la nueva edil de Seguridad, Agustina Esteve, como testigo para esclarecer algunos de los extremos. Se da la circunstancia de que agentes de la Policía llevan años exigiendo conocer el paradero de algunas de las denuncias que realizan en sus patrullas por la calle ante la sospecha de que no se tramitan, en un derecho que tienen reconocido legalmente, y que no han podido hacer valer hasta la fecha.
Los hechos se remontan al 30 de noviembre de 2011 cuando los tres agentes, que patrullaban por la confluencia de la avenida de Rosa Mazón con la calle María Humildad Jiménez, fueron sorprendidos por un turismo que no respetó una señal y, según la denuncia, a punto estuvo de chocar con el vehículo patrulla obligando al agente que conducía a realizar una maniobra brusca para evitar la colisión. Los policías dieron el alto para sancionar la infracción y, aunque la conductora no se negó a cooperar, según las mismas fuentes, sí empleó un tono irónico a la hora de dirigirse a los agentes asegurando que firmaba la denuncia pero que no la iba a pagar porque iba a llamar a un mando, conocido suyo, para contarle lo sucedido.
La Jefatura de la Policía, cuerpo que da servicio a una ciudad con más de 106.000 vecinos empadronados, carece de un registro para llevar control de las denuncias que entregan los policías para su tramitación. Lo que se hace, según han denunciado estos agentes, es depositarlas en un pequeño buzón situado en el sótano bajo custodia del personal del departamento de gestión de la Policía que, en el momento en el que se produjeron los hechos, era responsabilidad del mando citado por la mujer, que también habría sido el encargado de darle traslado. Las denuncias tienen registro de salida bien ante Suma o ante la Jefatura Provincial de Tráfico, pero no de entrada, algo que no es habitual en la mayoría de policías.
Al albergar los denunciantes «dudas razonables» de que la sanción, tal y como afirman que sucedió, pudiera no llegar a tramitarse correctamente, a tenor de las manifestaciones de la conductora, se registró ésta a través de un oficio ante la ventanilla única municipal. Semanas después e identificándose como policía, uno de los agentes se puso en contacto con la oficina de Suma en Torrevieja para indagar si la multa había llegado al organismo recaudador. En esa oficina le confirmaron que no tenían constancia de su existencia, aunque la jefa de Unidad de Sanciones no quiso facilitarle información por escrito sobre este asunto tal y como le solicitó.
Indefensión
La única posibilidad que pudiera explicar que esta multa no hubiera llegado donde deben llegar todas es que una vez abierto el expediente el instructor hubiera propuesto no continuar con el procedimiento con base legal fundamentada. Algo que tendría que haber comunicado a los agentes denunciantes, cosa que tampoco sucedió. Los denunciantes creen que en esta situación se produce «un sentimiento de indefensión, ya que queda muy lejos la transparencia que se debería dar a unos trámites establecidos (...) en la seguridad vial (...) con el fin de respetar unas garantías para los administrados, esenciales en todo Estado de Derecho».
Los policías indican que a la hora denunciar estos hechos no quieren «dañar» o «atentar contra el honor o dignidad» de los mandos policiales, pero recuerdan que son «agentes encargados de hacer cumplir la ley y ponen en conocimiento de la autoridad judicial unos hechos ocurridos en el ejercicio de sus funciones».
Además recuerdan que intentaron poner en conocimiento del intendente principal las presuntas irregularidades que se producían en el departamento de estión y su recomendación, sin querer escuchar sus argumentos, aseguran, fue que «si teníamos alguna prueba contra ese inspector, lo pusiéramos en conocimiento» del juzgado. También consideran que podría haber roto la cadena de custodia de documentos que por imperativo legal deberían guardarse en la Policía Local.
