Cuentan que se lo confesó un trabajador del Ayuntamiento. Pocos días después de que Charo Bañuls (Partido Popular) llegara al despacho de la Alcaldía de Bigastro, en junio de 2011, recibió una serie de documentos remitidos desde el servicio externo de asesoría entre los que figuraba la relación de nóminas de los empleados municipales y los costes de sus cotizaciones, un trámite habitual que se repetía todos los meses antes de autorizar el pago de salarios. Le extrañó que estuvieran dadas de alta una decena de mujeres en el Régimen Especial Agrario.
Las alarmas empezaron a saltar cuando se buscaron sus contratos y no se encontraron. La primera orden fue exigir que se les diera de baja mientras se continuaba recopilando información en el interior de un Consistorio que había estado regido por gobiernos socialistas durante los últimos 28 años. Dicen que fue un operario el que dio el chivatazo: se estaba pagando la Seguridad Social de vecinos que, en realidad, no trabajaban para la Administración local. Un informe de la Tesorería General del Estado revelaría meses más tarde que la supuesta práctica ilegal se repitió al menos desde el año 2002 y hasta 2011, periodo durante el cual hasta 48 personas (45 de ellas mujeres) habrían estado cotizando como falsos jornaleros.
Todo apunta a que el fraude les permitió acceder a diferentes prestaciones sociales e incluso a pensiones de jubilación. El Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela instruye ahora la investigación por estos presuntos hechos delictivos que ha ido revelando INFORMACIÓN durante los últimos días y que han causado un tremendo revuelo en el municipio.
Seis mandatos
Fue durante los seis mandatos sucesivos del exalcalde socialista José Joaquín Moya cuando, al parecer, se tejió una red de empleo que daba de comer a muchas familias del municipio.
Parece ser que el Ayuntamiento también sufragó cotizaciones a personas que en realidad no trabajan porque, hoy por hoy, lo que parece que está claro es que no constan copias de los contratos laborales que justifiquen esas altas en la Seguridad Social. Tampoco está reflejado en la contabilidad oficial el pago de salarios a los supuestos jornaleros fantasma por su trabajo. En total, han sido más de 750 meses los cotizados a las 48 personas que se beneficiaron de este presunto fraude que comenzó con el exregidor Moya y, al parecer, continuó con su sucesor en la Alcaldía, el hoy diputado provincial Raúl Valerio Medina (PSOE), quien tomó el bastón de mando en noviembre de 2008 tras la detención y posterior dimisión de su antecesor acusado por delitos urbanísticos, algunos de los cuales ya han acabado en condenas que han sido recurridas.
Así lo atestiguan las altas y bajas que han quedado registradas en los archivos de la Seguridad Social de personas que, en algunos casos, permanecieron unos pocos días como cotizantes y, en otros, se alargaron durante periodos de tiempo ininterrumpidos de hasta seis años. Entre ellos, familiares y amigos vinculados a los gobernantes.
Anticorrupción
Toda la información recabada sobre este asunto fue puesta a disposición de la Fiscalía Anticorrupción el 12 de abril de 2013. Se asegura en Bigastro que en los días previos a la presentación de esta denuncia hubo una gran tensión entre los miembros del equipo de gobierno puesto que, por un lado, sabían que de no hacerlo podían acabar siendo acusados de ocultar esta supuesta trama y, por otro, eran sabedores de que el asunto causaría importantes quebraderos de cabeza a demasiadas familias bigastrenses. Pero el proceso ya estaba en marcha.
En pocos días, el Destacamento Fiscal de Elche ordenó al secretario e interventor de la corporación que redactaran informes sobre la existencia o no de relación laboral con las 48 personas que supuestamente cotizaron a la Seguridad Social de forma fraudulenta; sobre el perjuicio económico causado a la Administración local como consecuencia de estas prácticas y sobre las cuotas satisfechas por cada beneficiario y sus periodos de cotización.
No hizo falta investigar demasiado ante los graves indicios que se desprendían de una documentación oficial, como era la remitida por el propio Ayuntamiento de Bigastro. Las supuestas pruebas se trasladaron entonces a los juzgados de Orihuela y el 13 de agosto el juez ordenó a la Administración local que pusiera a su disposición toda la documentación existente relativa a esta presunta trama corrupta.
Presuntos trabajadores
Raúl Valerio Medina defiende que ni durante su etapa como concejal de Hacienda (entre junio de 2007 y noviembre de 2008), ni como alcalde, (desde esa ultima fecha hasta mayo de 2011), conoció del pago de cotizaciones agrarias a estos presuntos falsos trabajadores, aunque es una realidad que mientras ostentó la vara de mando se tramitaron hasta 13 nuevas altas de cotización sin contrato y se continuó abonando la Seguridad Social a otras 17 personas que se venían beneficiando desde la etapa de Moya como primer edil.
Un informe elaborado por el área de Hacienda municipal concluye que los responsables políticos y posibles funcionarios que orquestaron o pasaron por alto estas prácticas fraudulentas durante nueve años pudieron cometer los posibles delitos de falsedad en documento público, prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacción legal.
El Ayuntamiento se ha personado ya como acusación particular en las diligencias previas sobre esta causa y está previsto que en las próximas semanas la Fiscalía solicite la declaración de los denunciantes para que se ratifiquen en los hechos -si antes no lo hace de oficio el propio instructor-, así como de los técnicos, políticos y las 45 jornaleras y tres jornaleros que supuestamente se beneficiaron de esta trama de falsas cotizaciones urdida desde el propio Consistorio.
