Ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tienen un plan para atajar el atasco que continúa creciendo en los juzgados de Torrevieja y Orihuela, etiquetados como los más colapsados de la Comunidad y entre los primeros del país. Y no hay solución porque la Conselleria de Justicia no tiene disponibilidad o presupuesto para nombrar funcionarios de refuerzo que ayuden a sacar las causas pendientes, más de 33.000 entre civiles y penales.
La última reunión en Valencia de todos los protagonistas de este problema: CGPJ, TSJ, Conselleria de Justicia y las decanas de Torrevieja y Orihuela, se saldó con promesas pero sin resultados; de hecho, se pidió a ambas que reunieran a sus juntas de jueces para modificar el reparto de modo que el juzgado de Violencia de Orihuela y el de Familia en Torrevieja asumieran un porcentaje de los asuntos que en estos instantes corresponden a los de Instrucción y de Primera Instancia, respectivamente. En definitiva, un parche para un problema de grueso calado que supone en estos momentos el tener a miles de ciudadanos y a cientos de profesionales (abogados y procuradores) a la espera de una resolución o de cobrar.
Se da la circunstancia de que Orihuela y Torrevieja presentan, en materia de atasco, situaciones dispares. Así, en la capital histórica de la Vega Baja, el principal problema se arrastra en ambas jurisdicciones, pero especialmente en la penal, en los delitos y faltas, porque hay 12.500 en trámite repartidos por los tres juzgados con que cuenta el partido judicial (en civil la cifra es de otros 9.337 asuntos a la espera de resolución); mientras, en la capital salinera, el retraso es sobre todo en civil, con 7.000 procedimientos que se reparten los tres jueces de Primera Instancia.
Culpa
Una parte de culpa de esta situación hay que atribuírsela a las propias juntas de jueces y a cómo hicieron los últimos repartos de órganos judiciales cuando el CGPJ y el TSJ les consultaba sobre creaciones y qué tipo de juzgados precisaban, si civiles o penales, en función de la carga de trabajo y de sus necesidades.
Así, es curioso comprobar que en Orihuela de los nueve juzgados que hay tres son de Instrucción y hasta seis de Primera Instancia; mientras en Torrevieja hay ocho, cinco de Instrucción y solo tres de Primera Instancia.
El evidente retraso en la resolución, que es la consecuencia directa de que el número de asuntos de entrada no se corresponda con el de salida, no es imputable a los magistrados de ambos partidos judiciales y para ello sólo hay que echar un vistazo a los módulos de trabajo que marca el CGPJ; es decir, a los indicadores sobre el número de sentencias por magistrado. Así, en civil un juez ingresa como media 775 asuntos al año en la Comunidad. En Torrevieja la cifra es de 1.791; es decir, más del doble. Mientras que en Orihuela el módulo de entrada es de 1.204, casi un 80% más que la media comunitaria. En materia penal ocurre algo parecido. Las tablas del CGPJ establecen un número de asuntos ingresados por juzgado en la Comunidad de 2.594 al año. En Torrevieja la cifra prácticamente se duplica, con 4.387; mientras en Orihuela, se rompen prácticamente todas las estadísticas porque asciende a 8.788. Más del triple de trabajo que la media.
Evidentemente, con estos datos la única solución pasa por crear más juzgados en ambos partidos aunque, la situación de crisis actual ha terminado por reducir el número de aperturas que cada año negocia el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. El primero, previamente, ha negociado con cada comunidad sus necesidades. Ahora bien, abrir un juzgado cuesta medio millón de euros en sueldos y gastos al año. Esta circunstancia, aunque no se quiera reconocer, es la culpable de que la Conselleria de Justicia se lo piense dos veces a la hora de pedir más juzgados, independientemente del atasco o de los retrasos porque lo que está primando en lo que cuesta mantenerlos.
El 10 de abril, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva, firmó un acuerdo con su sala de gobierno sobre necesidades perentorias que le reclamaban los decanos de la Comunidad. Orihuela y Torrevieja ocupaban el primer puesto: «un refuerzo para los juzgados de Instrucción de Orihuela y para los de Torrevieja; un refuerzo para los juzgados de Lo Penal 1 y 3 de Orihuela; un refuerzo para los juzgados de Primera Instancia de Torrevieja».
En definitiva, al menos, más magistrados de apoyo lo que, en cualquier caso, no resuelve el problema si la Generalitat sigue sin dar funcionarios que trabajen en coordinación con estos.
