Dos de los acusados ya han notificado a la sala que no pueden salir de la región china de Wuhan, donde están en cuarentena, y otros cuatro han anunciado que tampoco podrán asistir al juicio a la primera trama china de blanqueo desarticulada en la provincia cuyo inicio está previsto para el día 24.
Pese a estas ausencias, que podrían incrementarse, la idea del tribunal de la Audiencia de Alicante que va a enjuiciar a esta red es no suspender la vista, aunque haya que buscar fórmulas que permitan celebrarla para quienes comparezcan a expensas de los ausentes, que serían juzgados cuando puedan desplazarse a Alicante.
La operación que dio lugar a este proceso se remonta a 2009. La Fiscalía y la Abogacía del Estado formularon acusación contra cerca de una treintena de personas (citadas al juicio hay 26 de las que solo cinco son españolas) por el presunto envío ilegal de 168 millones de euros desde Alicante a China procedentes de la venta de calzado entre 2005 y 2009.
Las investigaciones desvelaron un entramado de quince empresas y la Policía se incautó de siete viviendas, dinero en efectivo y hasta de ocho caballos de pura raza.
La Fiscalía reclama penas que oscilan entre los seis y los 22 años de prisión en función del grado de participación. En total suman 229 años. Se les imputan delitos contra la Hacienda Pública, por la presunta defraudación del IVA, y de blanqueo de capitales. Las multas por lo supuestamente defraudado ascienden a 725 millones.
El Ministerio Público sostiene que la organización se dedicaba a enviar a China el dinero que obtenía de la venta de calzado, lo que hacía a través de transferencias bancarias ordenadas por ciudadanos chinos de partidas no declaradas a Hacienda.
Las sociedades se encontraban en el polígono Carrús de Elche y el calzado se importaba directamente desde China declarando un valor inferior al real, por lo que pagaban menos aranceles, para venderlo en territorio nacional.
Para ocultar la identidad del supuesto defraudador, las transferencias a los proveedores chinos se hacían a través de una red organizada de personas y entidades que, a cambio de una comisión, enviaban el dinero a aquel país. Según recoge el escrito del fiscal, quienes hacían estos envíos percibían una comisión que oscilaba entre el 0,8 y el 1% de las cantidades transferidas y conocían perfectamente el origen ilegal del dinero.
Competencia desleal
La Abogacía del Estado, personada también como acusación, señala que mediante este operativo la trama conseguía eludir el pago de impuestos al tiempo que obtenían «de forma desleal y delictiva una posición más competitiva en el mercado» al haber importado la mercancía a menor coste y poder venderla así a precios más bajos. La trama llegó a falsificar facturas y documentos para tratar de justificar el dinero que enviaba a China, sostienen las acusaciones.
La pena más elevada (22 años se prisión) se solicita para un empresario español que era, según el fiscal, quien organizaba los envíos de dinero además de figurar como administrador de las sociedades instrumentales dedicadas a esta actividad.
Un atraco en 2008 puso a la Policía tras la pista del entramado al no poder precisar la víctima de dónde procedía el millón y medio que se disponía ingresar en un banco de San Gabriel, en Alicante, cuando se lo robaron.
