El Ministerio del Interior ha denegado la solicitud de protección internacional realizada la semana pasada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de València por Raouf Bouziane, el argelino que asesinó de un disparo a su exmujer hace una década en Alicante y que fue arrestado recientemente en Elche tras ser denunciado por amenazas graves a familiares de Fátima, la víctima del crimen machista. Interior no da credibilidad alguna a las alegaciones del asesino de que va a ser objeto de persecución por motivos políticos en su país de origen, Argelia, y se acuerda denegar su solicitud de protección internacional «por cuanto se basa en alegaciones inverosímiles e insuficientes», según se recoge en una resolución dictada por la Subdirección General de Protección Internacional de acuerdo a la propuesta elevada por la Oficina de Asilo y Refugio.
La Policía Nacional tenía ultimada para la semana pasada la devolución de Bouziane a Argelia por entrada irregular en España a bordo de una patera, pero el proceso se paralizó por su petición de asilo. Aunque se le ha denegado el asilo, Raouf Bouziane ha recurrido la decisión y por tanto habrá que esperar a que sea examinada de nuevo su petición antes de poder enviarlo de nuevo a su país de origen.
El asesino de Fátima estuvo encarcelado en su país durante ocho años tras ser condenado a 15 años por incendiar la casa de su exsuegra y a otros 12 años por matar a su exmujer e intentar asesinar al nuevo compañero sentimental de ella en abril de 2010 un pub de la Rambla de Méndez Núñez.
Solicitud «infundada»
En la resolución sobre la petición de protección internacional se indica que Raouf Bouziane basaba su solicitud en sus «temores a ser perseguido en su país de origen por motivos políticos». Sin embargo, la Subdirección General de Protección Internacional duda de las alegaciones y considera su petición «infundada».
En este sentido, señala Interior que Bouziane afirma que estaría siendo perseguido por haber participado en varias manifestaciones contra el Gobierno argelino por corrupción, lo que «no determina por sí mismo que sea objeto de persecución individualizada» por parte de las autoridades de su país de origen.
Además, tampoco ha alegado un «perfil político destacable como activista, militante o político», ni ha aportado detalles de las manifestaciones en las que participaba ni de los asistentes detenidos, según se recoge en el fallo donde le deniegan el asilo.
El peticionario tampoco ha aportado ningún documento que demuestre que está en contra del Gobierno argelino y «que haga ver el riesgo real de sufrir un daño por el solicitante», por lo que, insiste el Ministerio del Interior, se trata claramente de una solicitud «infundada» y no concurre ninguna de las causas prevista para concederle una «protección subsidiaria». La denegación del asilo está fechada el pasado 7 de febrero y ahora habrá que esperar el resultado de la petición de «reexamen» de la solicitud.
