Apoyándose en lo que han presenciado durante tres semanas de juicio, con las interpretaciones que de los indicios han realizado acusaciones y defensas, sin ninguna prueba directa y con las concretas indicaciones de la magistrada Cristina Costa de que no se dejen llevar por corazonadas y ejerzan su función de juzgadores, teniendo presente que los acusados no tienen que probar su inocencia y que las dudas siempre han de jugar a su favor. Son los mimbres con los que cuentan los seis hombres y las tres mujeres que tienen la responsabilidad de sentenciar el proceso por el asesinato del alcalde de Polop Alejandro Ponsoda perpetrado hace más de doce años.
Demasiado tiempo para que, sea cual sea el veredicto, pueda afirmarse que se ha hecho Justicia. Reza una vieja máxima atribuida a Séneca que nada se parece tanto a la injusticia como la Justicia tardía. Y algo de eso hay en este caso donde se ha sido injusto en primer lugar con el regidor malogrado y su familia. Pero también con las siete personas que llevan arrastrando una década la sospecha de haber planeado y ejecutado el crimen.
Investigar un asesinato por encargo supuestamente urdido en el entorno de un club de alterne a raíz de los datos facilitados por un exmercenario dos años después de haberse ejecutado no debe ser tarea fácil. Un crimen en el que nadie vio nada, donde no se han encontrado las armas y con testigos que han desaparecido por el tiempo trascurrido y su propia vulnerabilidad, como es el caso de mujeres, en su mayoría extranjeras, que trabajaban en ese ambiente, que declararon en su día y de las que no se ha vuelto a saber.
Una investigación que ha sido vapuleada por las defensas casi desde que se levantó el secreto de sumario, y con especial saña durante la vista oral, llegando incluso a personalizar los ataques en el responsable de la UCO de la Guardia Civil que la dirigió.
Pesquisas que si bien no han sido capaces de aportar pruebas directas, sí permitieron descartar hipótesis por más que durante estos años las defensas se hayan empeñado en mantenerlas vivas en aras, más que a buscar el esclarecimiento de los hechos, a sembrar unas dudas que siempre van a jugar a favor de sus clientes.
Así, amparados por el derecho de defensa, ha habido momentos en que se ha hurgado en la vida privada del alcalde hasta la obscenidad escenificando además la doble moral de criminalizar las saunas gay mientras se hablaba con naturalidad de frecuentar prostíbulos.
Con todo, la realidad es que el jurado se enfrenta a la dificultad de valorar si lo sostenido por los investigadores y las acusaciones es cierto (es decir, que Juan Cano, movido por el odio, planeó en la sala VIP del Mesalina un crimen que ejecutaron tres sicarios) o si, como mantienen las defensas, no hay ningún dato que permita mantener unas conclusiones que, insisten, son fruto de la fabulación de los investigadores.
El viernes, en su alegato final, el abogado de Cano, el penalista Javier Boix, llegó a calificar este juicio de «error» y la defensa de uno de los considerados sicarios, la letrada Mariana Ivanov, lamentó durante el suyo que nadie hubiera evitado que un asunto con una base probatoria tan endeble llegara a juicio. Y a ninguno les falta razón. Tanta como la que tenía la juez instructora que archivó las actuaciones para los considerados autores materiales, a lo que no que no se opuso la fiscal pero que fue revocado por la Audiencia, lo que hubiera permitido reabrir la causa de haber aparecido nuevas pruebas. Algo que una sentencia lo hace imposible. Cosa juzgada, aunque no esté aclarada.
Pero nadie se atrevió a hacerlo y el proceso siguió en una especie de huida hacia adelante para que fuera el siguiente en la escalera judicial quien resolviera el asunto. Y aquellos polvos han traído los presentes lodos.
Una decisión, la de no sobreseer el asunto por falta de base probatoria, de la que los medios de comunicación nunca podrán ser responsables por más que se empeñen acusados y defensas en culpar a la Prensa de todos sus males, lo que ha sido una constante a lo largo de la vista oral. Incluso con sobreactuaciones. Como ayer, cuando la presidenta del tribunal autorizó a los gráficos a tomar imagenes de la sala durante apenas unos minutos y el letrado de Cano, visiblemente molesto, manifestó su oposición y soltó un «espectáculo de los cojones». Como si después de tres semanas se acabara de enterar que el juicio se estaba celebrando en audiencia pública.
