16 de mayo de 2019
16.05.2019
Tribunales

La Audiencia celebrará en enero de 2020 el juicio por el asesinato del alcalde de Polop

Un jurado popular enjuiciará a los siete acusados, entre los que se encuentra el sucesor de la víctima en el cargo, durante dos semanas

16.05.2019 | 10:14
El exalcalde de Polop Juan Cano en una comparecencia en el juzgado de La Vila Joiosa

El juicio por el asesinato del alcalde de Polop ya tiene fecha. Del 13 al 29 de enero de 2020, un jurado popular enjuiciará a los siete acusados de ser los autores materiales e intelectuales del crimen. La causa llegó a la Audiencia de Alicante hace poco más de un año, el 4 de mayo del año pasado y desde entonces se han estado solventando las cuestiones previas, como las nulidades pedidas por las defensas, así como depurando la lista de testigos que tendrán que declarar.

En el banquillo se sientan siete acusados a los que el fiscal reclama penas que suman 181 años de cárcel. El escrito del ministerio público recoge conclusiones muy similares al presentado por la acusación particular, que ejerce el abogado Vicente Guerri, y pide 25 años de cárcel por asesinato para cada uno de los cuatro acusados de encargar el crimen (el exalcalde de Polop Juan Cano, el empresario Salvador Ros y los responsables del club alterne Mesalina de Finestrat, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto). Para los tres presuntos autores materiales (los checos Robert Franek y Radim Rakowski, así como el español Raúl Montero Trevejo), se reclaman 25 años por el asesinato, y dos años de cárcel por tenencia ilícita de armas. Raúl Montero será el primero de los acusados en declarar

Alejandro Ponsoda murió asesinado a tiros en octubre de 2007 cuando entraba con su coche en el garaje de su casa en la pedanía polopina de Xirles. Tras dos años de investigaciones, en noviembre de 2009, fue detenido como presunto inductor del crimen la persona que sustituyó a Ponsoda en la Alcaldía tras su muerte, Juan Cano. La acusación relata los enfrentamientos entre Alejandro Ponsoda y Juan Cano, a raíz de que este último quedara relegado en las listas municipales de 2003 al Ayuntamiento de Polop debido a la aparición de unas cintas en las que Cano reclamaba dinero a un empresario. Cano acusaba a Ponsoda de no defenderle ante la dirección del partido y por tanto de no haber salido concejal. La Fiscalía señala que con la vuelta de Cano al Ayuntamiento en 2007 los enfrentamientos con Ponsoda se recrudecieron «al tratar de imponer sus decisiones». Siempre según la Fiscalía, Cano se puso de acuerdo con el empresario Salvador Ros «que había tenido conflictos con el alcalde asesinado», por la animadversión que sentían hacia Ponsoda. Para ello contactaron con los responsables del club de alterne Messalina de Finestrat y en una de las salas VIP del local propusieron al testigo protegido cometer el crimen por 35.000 euros. Al negarse éste, propusieron el crimen a los otros tres procesados.

Los acusados siempre han negado tener vinculación con el crimen y han defendido que son inocentes. La principal prueba de la acusación es el testimonio de un testigo protegido, a quien los acusados habrían encargado el asesinato. Los acusados sostienen que el testigo miente para intentar sacar ventaja en otros procesos penales.

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