Mientras hoy se cumplen once años de la muerte a tiros del alcalde de Polop Alejandro Ponsoda, la Audiencia de Alicante puso ayer en marcha el proceso para juzgar a los acusados del asesinato. La magistrada que presidirá el tribunal del jurado, Cristina Costa, señaló una vista para resolver las alegaciones de vulneración de derechos fundamentales que planteaban las defensas de algunos de los acusados. En esa vista, celebrada a puerta cerrada y solo para abogados, trascendió que la Audiencia baraja celebrar el juicio antes del verano de 2019.
Un juicio con jurado popular que será largo, ya que se ha pedido la declaración de más de un centenar de testigos, motivo por el que la magistrada ha pedido a las partes que revisen la lista a fin de poder aligerarla. Entre las personas propuestas se encuentran tanto los agentes que participaron en la investigación, como representantes del Ayuntamiento y prostitutas y personal del club de alterne Mesalina, donde supuestamente se gestó el crimen, e incluso el vidente al que acudía el político asesinado. Tal como está planteado, sería necesario entre mes y medio y dos meses con sesiones de mañana y tarde para poder celebrarlo, una duración que el tribunal pretende acortar suprimiendo testigos que no sean imprescindibles.
Alejandro Ponsoda fue tiroteado a las puertas de su domicilio en la pedanía polopina de Xirles la tarde del 19 de octubre de 2007 cuando regresaba de un acto oficial y murió el 27 de octubre tras permanecer más de una semana ingresado en estado crítico en el Hospital General de Alicante con disparos en la cabeza. La investigación siempre consideró que se trató de un crimen por encargo, por el que finalmente fue acusado el sucesor de Ponsoda en la Alcaldía, el popular Juan Cano. Las acusaciones consideran que Cano encargó el asesinato de su compañero de corporación en los reservados del club de alterne Mesalina de Finestrat, con la colaboración de dos de los responsables del local, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, así como el empresario de Polop Salvador Ros. Para cada uno de ellos, la Fiscalía pide 25 años de cárcel como presuntos autores intelectuales del crimen. Como autores materiales del asesinato están acusados los checos Robert Franek y Radim Rakowsky, así como el español Raúl Montero Trevejo. A estos, además de los 25 años por el asesinato, se les pide también otros dos años por tenencia ilícita de armas.
A la vista señalada ayer no acudieron todos los abogados. En ella se debían resolver las cuestiones previas planteadas por las defensas de Robert Franek y Radim Rakowsky, los letrados Mariana Ivanova y Salvador Parrilla. Ambos abogados pedían la nulidad de las escuchas telefónicas y del registro en su domicilio. La magistrada no ha dejado plantear nada referente al testigo protegido, cuyo testimonio es una de las principales pruebas del caso. Estas defensas pedían que se les dejara comprobar su identidad, ya que podría estar tratando de sacar provecho con su declaración en otras causas en las que está imputada, si realmente es la persona de quien sospechan los letrados. Este testigo declaró que los acusados intentaron contratarle durante una reunión en los reservados del club para el asesinato.
Ninguna de las defensas que asistió a la vista planteó cuestiones previas, mientras que la Fiscalía y la acusación particular, que ejerce para las hijas del alcalde asesinato el abogado Vicente Guerri, pidieron que se desestimara la petición de nulidad. Ambos consideran que los autos del juzgados fueron ajustados a derecho. En breve, la magistrada dictará un auto resolviendo las peticiones. El juicio aún no tiene fecha pero está cada vez más cerca.
