El rechazo casi unánime, a nivel nacional, que está provocando el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que el Ejecutivo disponga de los remanentes de los ayuntamientos a cambio de una ayuda de 5.000 millones de euros se vio trasladado ayer por completo a la Diputación de Alicante. El Partido Socialista se quedó solo, como está ocurriendo prácticamente en toda España, en su defensa de un acuerdo que ha provocado la ruptura total dentro del municipalismo. La moción presentada por los dos grupos del equipo de gobierno -PP y Cs- para instar al Ejecutivo a «no apropiarse» de los recursos de las entidades locales recibió el apoyo de Compromís, lo que dejó completamente aislado al grupo socialista, formado en gran parte por alcaldes que tendrán que decidir en unos días si se adhieren a la propuesta planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez y deciden renunciar a los ahorros que han almacenado durante años a cambio de una ayuda directa muy inferior y de cobro a largo plazo.
Sin verse las caras directamente, ya que el pleno previo a las vacaciones estivales volvió a ser telemático (según justificaron fuentes de Diputación, como medida de precaución por los rebrotes actuales), el trío formado por el PP, Ciudadanos y Compromís defendió una moción, en parte desfasada, ya que se presentó antes de conocer el acuerdo entre el Gobierno y la FEMP. Es más, en el texto definitivo publicado ayer en el BOE se cambian condiciones del acuerdo que ni siquiera estaban en la propuesta prestada por el presidente de los alcaldes, el socialista Abel Caballero. Un cambio tan sustancial como que el Ejecutivo tendrá 15 años, cinco más de los previstos inicialmente, para devolver a los ayuntamientos sus ahorros.
En cualquier caso, la negativa a apoyar este acuerdo no se basa solo en cuestión de tiempo. La diputada de Hacienda, María Gómez (PP), criticó que el Gobierno «está cometiendo el mayor atentado contra la autonomía municipal», con el consentimiento de los socialistas, al «romper el consenso del municipalismo» que ha imperado durante toda la democracia. El portavoz de Cs, Javier Gutiérrez tachó la medida de «propuesta trampa» e «infamia», y pidió a los socialistas que no antepongan los intereses de su partido a los de los ciudadanos. Y Gerard Fullana, portavoz de Compromís, además de conseguir que el PP retirara un punto en la moción donde se defendía la Ley de Estabilidad Presupuestaria creada por Cristóbal Montoro, recriminó a los diputados socialistas que ahora apoyen «lo contrario a lo que siempre han pedido». «Imaginen que Pablo Casado es presidente del Gobierno y él presenta este decreto. A mí me cuesta imaginarlo, pero piensen qué hubiesen hecho los socialistas», aventuró Fullana.
Por parte del PSOE, tomó la palabra Patricia Maciá, que acusó al resto de formaciones de «no presentar una alternativa y desconocer el acuerdo». La diputada ilicitana defendió a capa y espada un acuerdo que es «histórico para los ayuntamientos», puesto que nunca se ha firmado «una propuesta de esta magnitud». Maciá también alegó que el acuerdo permite eliminar en 2020 la regla de gasto que condiciona el presupuesto de los ayuntamientos, ser beneficiario de ayudas europeas y disponer de una ayuda extra, a fondo perdido, de 5.000 millones. Todo a cambio de ceder una «hucha» municipal de 14.000 millones que devolverá el Gobierno en 15 años.
Proyecto de innovación
La Diputación aprobó ayer -en este caso, por unanimidad- la primera inversión de 250.000 euros, que se destinará a la creación de un Centro de Inteligencia Artificial en la provincia, un ambicioso proyecto de innovación tecnológica y generación de conocimientos que la institución provincial lidera junto a la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche. El pleno dio el visto bueno a una modificación presupuestaria para dotar esta partida económica con la que se dará cobertura al convenio con la UA para el desarrollo de la iniciativa. Según el presidente de la Diputación,Carlos Mazón, «iniciamos el camino para la puesta en marcha de este centro de trasformación digital, estratégico para el futuro del territorio».
Populares y socialistas recuperan obras excluidas del plan de inversiones
Compromís alega que son subvenciones a dedo y Cs las defiende porque son pueblos que se quedaron sin ayuda
El pleno también dio el visto bueno, con el respaldo de todos los grupos salvo Compromís, a la modificación y reajuste de anualidades del Plan de Obras y Servicios de 2019. El diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez (Cs), y el portavoz de Compromís, Gerard Fullana,se enzarzaron en un agrio debate sobre quién ha «cambiado las reglas del juego» tres meses después de aprobar el plan de inversiones Planifica, donde se sentaron las bases de adjudicación de obras en municipios para los próximos cuatro años. Gutiérrez defendió que este «ajuste» permite «agilizar la recepción de las subvenciones por parte de los municipios, asegurar al máximo la ejecución presupuestaria y cumplir con los compromisos adquiridos por esta institución». En todo caso, la miga de la modificación está en la financiación de las siete actuaciones que se incluyen en el plan de 2019, obras calificadas como «especiales» que se llevarán a cabo en Finestrat, Redován (gobernados ambos por el PP), Xàbia, Los Montesinos, Pego, Rafal, Redován y Tibi (los cinco en manos del PSOE). Su importe global es de 9,8 millones de euros, de los cuales la Diputación aporta 6,2 millones, con los que se desbloquearán iniciativas que se quedaron al margen del plan aprobado en 2019, pero que obligaban a estas localidades a estar excluidas del Planifica hasta 2023 ó 2024.
Sin embargo, para Gerard Fullana, el PP y, especialmente, Cs «han reimpulsado las ayudas arbitrarias» al conceder un 5 de agosto, en pleno verano, «nuevas subvenciones nominativas, no aprobadas hasta hoy». Una crítica similar a la que minutos después lanzó Fullana, también a Gutiérrez, para subvencionar «a dedo con 600.000 euros a siete municipios que han esquivado la concurrencia competitiva que se exige al resto de los 134 municipios».
