29 de marzo de 2020
29.03.2020
Información

El Gobierno busca fórmulas para usar la «hucha» de los municipios frente a la emergencia sanitaria

La ministra Montero traslada a los consejeros autonómicos que se plantea liberar los "ahorros" de los ayuntamientos, entre ellos 525 millones de los consistorios de la Comunidad Valenciana correspondientes al superávit de 2019, para tener liquidez ante la crisis

29.03.2020 | 14:33
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Está sin definir la administración que asumiría el gasto de esos «ahorros» locales - El fondo suma 5.000 millones en España y 525 en la Comunidad sólo en 2019

n plena odisea por la búsqueda de recursos, tratando de rascar fondos a unas arcas públicas muy deterioradas, con muy malas noticias como las que llegan desde la Unión Europea, donde sus jefes de los Estados miembros no alcanzan un consenso, y con los millonarios gastos que hay que afrontar desde el primer hasta el último escalafón de la administración, el Gobierno central se ha fijado en una de las escasas «bolsas de dinero» que están en circulación y que, por cuantiosa y por valiosa, podría ser fundamental que esté desde el minuto uno a disposición de la lucha contra el coronavirus. Esa «hucha» no es otra que el superávit acumulado por los ayuntamientos en los últimos años. Sin ir más lejos, los municipios españoles cerraron el ejercicio 2019 con 5.000 millones de excedente. De esa cifra global, los de la Comunidad Valenciana se fueron hasta 525 millones, de los que unos 180 corresponden a municipios alicantinos, otros 283 a la provincia de Valencia y otros 62 a la de Castellón. En total, en el conjunto de España, esa hucha podría llegar hasta los 28.000 millones. Mucho, mucho dinero guardado en los bancos, comprometido a pagar deuda, al que el Ministerio de Hacienda podría acaba recurriendo en pocos días.

En la segunda reunión por videoconferencia con los responsables de Hacienda de las comunidades autónomas para coordinar la respuesta económica a la situación de emergencia creada por la Covid-19, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, además de trasladar a los consejeros autonómicos -incluido el valenciano Vicent Soler- la voluntad del Gobierno para que los territorios cuenten con recursos adicionales para incrementar el gasto sanitario y combatir la pandemia, la también portavoz del Gobierno trasladó a los asistentes «a distancia» en esta reunión telemática la intención del Ejecutivo de buscar una fórmulas para liberar el dinero procedente de ese superávit logrado por los ayuntamientos.

Con todas las peticiones que recibió María Jesús Montero para sumar liquidez urgente y que las comunidades autónomas puedan pagar con urgencia a proveedores, en el trascurso de ese encuentro, se lanzó la reflexión, expuesta por la ministra y compartida por la mayoría, de ver qué mecanismo se puede articular para que ese dinero repercuta de forma directa en la población, sacudida por el impacto sanitario, social y económico del coronavirus. Coincidieron en que ese dinero se debe usar para atender esta crisis. Otra cuestión es la administración que lo asume y cómo se debe afrontar este gasto. Esto está por definir.

No se trata de que los consistorios puedan tener un mayor margen financiero. Demanda histórica de los municipios que el pasado mes de febrero empezó a tomar un buen rumbo en una reunión bilateral donde el Ejecutivo se comprometió a que, con la mayor urgencia posible, se aprobará un decreto ley que autorizara a los gobiernos locales a utilizar cuanto antes esos 5.000 millones de euros de superávit de 2019. Ese decreto que debía llegar «en breve» no está aún firmado, en gran medida porque un par de semanas después nos invadió la crisis sanitaria y (casi) todo quedó paralizado. Fue otro decreto aprobado por el Consejo de Ministros el reciente 17 de marzo -ya en plena pandemia-, en el que se liberó una pequeña parte del superávit, un escaso 6% (hasta 300 millones de los 5.000 disponibles) para financiar gastos de inversión en servicios sociales y promoción social. Esta medida permitía adelantar el uso de los ahorros municipales para cubrir actuaciones urgentes contra el virus, con unas cifras que para la Comunidad suponen 31,5 millones y para los municipios alicantinos, unos 10,8 millones. Pero ahora tampoco se trata de este gesto de liberar fondos imprescindibles para los ayuntamientos. Ahora Hacienda piensa en una decisión acorde a la magnitud de la crisis.

Los ayuntamientos llevan tiempo diciendo que son ellos los que, en plena época de recesión, han cumplido de manera sobrada con las medidas de austeridad impuestas por el Gobierno. Para las endeudadísimas arcas municipales hace unos 10 años, el control ejercido por Hacienda para que todos los excedentes se destinen a pagar «números rojos» han hecho que de un tiempo a esta parte, ese dinero crezca en las cuentas bancarias. Según datos del Banco de España, los ayuntamientos alicantinos tienen en los bancos unos 1.600 millones de euros, cantidad muy superior a la deuda viva que han ido rebajando de forma progresiva y que se sitúa a finales de 2018 en unos 390 millones para toda la provincia. Ejercicio de responsabilidad que no ha pasado desapercibido a una administración necesitada ahora de liquidez.

Los alcaldes preguntan a Hacienda por la partida de 300 millones para gasto social

La FEMP le pide al Gobierno que aclare cómo piensa articular sus medidas para ayudar a los gobiernos locales

as últimas iniciativas en materia de financiación para los gobiernos locales propuestas por el Ministerio de Hacienda fueron muy bien acogidas por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Después de años de desencuentros, parecía que el acercamiento entre ambas partes comenzaba a dar resultado. Sin embargo, este anuncio de medidas no se ha traducido en un mecanismo concreto para que los ayuntamientos comiencen a respirar. Y esta crisis sanitaria lo ha variado todo.

El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y alcalde de Elda, Rubén Alfaro, que a su vez ocupa la vicepresidencia de la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030 de la FEMP, aseguró ayer a este periódico que desde el organismo que regula los intereses del municipalismo español se ha formulado una consulta oficial al Ministerio de Hacienda para que aclare cómo piensa gestionar su última propuesta de que los ayuntamientos puedan destinar una parte del superávit de 2019 (un 6% del total) a financiar políticas sociales contra el coronavirus.

Rubén Alfaro aseguró ayer que el Gobierno tiene encima de la mesa la pregunta de la FEMP para saber qué fórmula se va a permitir emplear para llegar a utilizar dichos ahorros, una cantidad muy pequeña de la que está acumulada. Una de las cuestiones que saltan a la vista es si esa apertura concedida por el Gobierno de Pedro Sánchez va a beneficiar igual a los ayuntamientos que han cumplido y saldado sus deudas que a las localidades que todavía deben millones. Hoy en día, todos deben luchar contra la pandemia que azota el mundo.

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