Uno de los temas que más dañó el mandato de César Sánchez en la Diputación amenaza ahora con convertirse, como mínimo, en un nuevo dolor de cabeza para Carlos Mazón: las ayudas «a dedo» para inversiones locales de la institución provincial vuelven a estar en el punto de mira. Compromís ha denunciado el reparto arbitrario de las subvenciones directas después de una moción aprobada en mayo de este año por PP y PSOE, a cuatro días de las elecciones municipales, que posibilita al diputado Alejandro Morant compaginar un proyecto concedido «a dedo» con una segunda inversión del plan de obras, lo que podría suponer un agravio comparativo con el resto de localidades que se han visto obligadas a cumplir unperiodo de barbecho de dos años entre la concesión de estas ayudas.
El diputado provincial de Carreteras y alcalde de Busot solicitó adherirse al plan de ayudas anuales más importante para los municipios alicantinos de 2018, pese a haber adjudicado el PP ya para su pueblo cerca de 800.000 euros a dedo para un pabellón deportivo. Su voluntad por quedarse con esas dos obras paralizó judicialmente el paquete de ayudas económicas ante la denuncia que Compromís hizo ante el juez, porque a Busot se le pagaba el cien por cien mientras que al resto de ciudades se les financiaba porcentajes inferiores. Finalmente, el pleno alcanzó un acuerdo en julio de 2018 en el que establecía textualmente que «solo se podrán otorgar subvenciones nominativas por importe igual o superior a 100.000 euros a aquellos municipios que no hayan participado o no hayan obtenido una subvención en el Plan de Obras y Servicios de la anualidad 2018-2019, o en caso de haberla obtenido renuncien a ella». En consecuencia, los pueblos procedieron a organizar su planificación y aquellos que tenían una nominativa no pidieron un plan de obras. Altea, por ejemplo, tenía un proyecto especial para el litoral y optó por el plan de obras al tenerlo ya redactado.
Para sorpresa de Compromís, en mayo de este mismo año, PP y PSOE firmaron una moción para permitir de nuevo a Busot acceder a las subvenciones, tanto para el plan de obras (400.000 euros en cambio de calles) como a la nominativa (800.000 euros para el polideportivo). Compromís ha detectado «artimañas» en esta maniobra y ha recurrido dicho acuerdo, de momento por vía administrativa, aunque podría acabar en la vía penal. Fuentes de la coalición de izquierdas aseguran que el PP ha «hecho lo contrario de lo que le dijo a la juez» y que, además, no ha contestado a dicho recurso, por lo que se ha producido silencio administrativo. Compromís denuncia un grave incumplimiento de la normativa en el reparto de ayudas y un trato a favor a unos municipios por encima de otros.
Por su parte, Morant, visiblemente molesto por esta cuestión, cargó ayer con dureza contra el diputado de Compromís Gerard Fullana y lo acusó de ser un «chantajista político que ha aprovechado la nominativa de Busot para sacar ayudas a dedo para pueblos de su color político». Alejandro Morant aseguró que tiene el plan de obras de 2017 aprobado en 2018, y, además, dispone de la nominativa de 2019. «Creo que es hora de parar esta guerra de una vez», dijo el diputado del PP, mientras acusó a Fullana de formar parte de una generación de «politicuchos que vienen a reventarlo todo y a denigrar la política». En su opinión «es un cobarde que ha presentado un recurso a mis espaldas».
