La titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro de Alicante ha dado un varapalo judicial a la Diputación de Alicante al tumbar de forma provisional la ayuda «a dedo» concedida por el presidente César Sánchez al pueblo de uno de sus vicepresidentes con lo que se pone en cuestión el sistema de reparto de subvenciones directas que venía utilizado el PP. Se trata de un proyecto en la localidad de Busot -donde es alcalde el vicepresidente tercero de la institución provincial, Alejandro Morant- para la construcción de un polideportivo municipal por casi 800.000 euros, una obra financiada al cien por cien por la Diputación de Alicante y que el regidor aspiraba a tener adelantada a las puertas de las elecciones de 2019 pero que ahora, sin embargo, queda bloqueado a la espera de la resolución definitica de los tribunales.
Se trata de la primera vez que un juzgado pone trabas a una subvención «a dedo» de la Diputación de Alicante después de que el grupo de Compromís en la institución provincial llevara a los tribunales un presunto agravio comparativo respecto a los otros municipios de la provincia al haberse concedido la ayuda sin justificar la urgencia y necesidad de la obra pese a su cuantía. Y además con un rasero distinto al aplicado a otros pueblos, a los que hace pagar un porcentaje de la ejecución del proyecto, según el escrito que presentó la coalición en el juzgado para solicitar la suspensión cautelar de la subvención. Sin embargo, la juez no entra en el fondo de asunto y se limita a paralizar la tramitación del proyecto para evitar que se pueda dar la circunstancia de anular por sentencia la subvención para un edificio ya levantado. El cuestionamiento de fondo, eso sí, llega a un juzgado, donde por primera vez se abordará desde los tribunales una ayuda pública «a dedo» de la Diputación.
Este revés judicial, no obstante, pone en el ojo del huracán el reparto de las ayudas nominativas de la Diputación de Alicante, conocidas popularmente como ayudas «a dedo» al ser directas y no pasar por un procedimiento de concurrencia pública. Se trata de un sistema aceptado por una institución históricamente bipartidista en la que solo el PSPV se quejó hace década y media por las cuantías de los planes de cooperación. Ahora, la Diputación, que ha jugado su baza en los tribunales contra el Consell en asuntos como los decretos de Turismo y Deportes o contra el plurilingüismo del conseller de Educación Vicent Marzà, bebe de su propia medicina con un grupo político como Compromís que persigue por ideología el fin de las diputaciones provinciales.
La ayuda de casi 800.000 euros al municipio donde es alcalde Morant, aprobada en el pleno de la institución con los votos del PP y el diputado tránsfuga Fernando Sepulcre el 18 de julio pasado, es una de las subvenciones «a dedo» más polémicas del mandato de César Sánchez junto a las aprobadas para La Nucía, Mutxamel y Calp, localidades regentadas también por un vicepresidente, un diputado provincial y el propio presidente, respectivamente, y que han obtenido las ayudas nominativas más altas financiadas al cien por cien por la institución de cuantas se han concedido en los dos años y medio que lleva Sánchez en el cargo. Todas estas ayudas han salido adelante con el beneplácito del PP y el voto necesario del tránsfuga Sepulcre.
La solicitud de Compromís para aplicar la suspensión provisional de la ayuda a Busot fue rebatida por la Diputación de Alicante, que a lo largo de 22 páginas intentó frenar la paralización cautelar. En su escrito de contestación, la institución alicantina incluye un informe del Jefe del Servicio de Deportes, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, para justificar la necesidad y conveniencia de financiar el pabellón deportivo atendiendo a consideraciones geográficas, sociológicas, deportivas, técnicas o climatológicas. Asimismo, los servicios jurídicos de la Diputación subrayan ante la juez que la argumentación de Compromís solicitando la paralización de la subvención es vaga, demasiado genérica e «imprecisa», además de alegar que si hubiese un fallo que avalara el supuesto quebranto del principio de igualdad éste podría restablecerse valorando la concesión a Busot de ayudas futuras.
La Diputación también aporta la normativa sobre las ayudas nominativas, un tipo de subvenciones legales recogidas en la Ordenanza General de Subvenciones. Las ayudas directas se aplican en base a unos criterios establecidos en instituciones como las diputaciones provinciales o la Generalitat Valenciana. Sin embargo, para Compromís la Diputación disfraza con estas ayudas lo que la coalición considera planes de obras encubiertos para Busot, La Nucía, Mutxamel y Calp financiados íntegramente por la institución provincial.
