La Mesa de Les Corts Valencianes ha acordado este martes tramitar la petición de documentación de Vox sobre ayudas al colectivo LGTBI, después de que la Fiscalía indicara que no veía indicios de un delito de odio, aunque alertaba de que podía haber discriminación o intromisión en la intimidad.
La decisión de la Mesa se ha adoptado después de que un informe de los servicios jurídicos de la Cámara autonómica haya concluido que la solicitud de Vox se ajusta a lo marcado en el reglamento de Les Corts, y que, dado el posicionamiento de la Fiscalía, no incurre en delito, lo que habilita a tramitarla ordinariamente.
El informe jurídico de Les Corts plantea asimismo que se haga constar al Consell el decreto de la Fiscalía sobre "la eventual incidencia de la respuesta en el contenido esencial de los derechos humanos y libertades públicas constitucionalmente reconocidos".
Además, indica que no concurren los elementos que el reglamento de Les Corts prevé para la inadmisión de las iniciativas parlamentarias, ni ninguna causa reglamentariamente prevista que justifique no tramitar la solicitud de documentación, cuyo plazo máximo de respuesta empezará a contar el 2 de septiembre, cuando se abra el periodo de sesiones.
La secretaria primera de la Mesa de Les Corts, Cristina Cabedo (Unides Podem), ha señalado que se ha mostrado en contra de que se tramite esta solicitud de documentación, ya que en su opinión vulnera tanto el artículo 14 de la Constitución, sobre la igualdad de los españoles, como el 18, sobre el derecho a la intimidad.
Cabedo ha anunciado que van a instar a la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que es a la que correspondería remitir estos datos a Vox, a que aplique el artículo 5 de la ley valenciana para la Igualdad de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI).
Dicho artículo establece que las Administraciones públicas de la Comunitat Valenciana velarán por el derecho a la no discriminación, con independencia de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar.
Por ello, la diputada de Unides Podem ha instado a Oltra a aplicar el marco legal del que dispone y "velar por el derecho as la no discriminación", de manera que no entregue a Vox los datos sobre los antecedentes penales de personas LGTBI dedicadas a actividades con menores.
El grupo parlamentario Vox presentó el pasado 1 de julio una solicitud de documentación sobre subvenciones al colectivo LGTBI en la Comunitat Valenciana, que la Mesa de la Cámara acordó poner en conocimiento de la Fiscalía para saber su criterio antes de acordar o no la remisión al Consell de esa solicitud.
La Fiscalía respondió el pasado 17 de julio que no veía indicios de la posible comisión de un delito en esa petición, aunque consideraba que podía haber discriminación o intromisión en la intimidad.
La Mesa de Les Corts acordó el pasado 23 de julio solicitar un informe jurídico a los servicios de la Cámara, que han concluido que no hay motivos para no tramitar la solicitud de documentación, como finalmente se ha hecho en la reunión de este martes.
