La Fiscalía Superior de la Comunidad comunicó ayer a las Cortes que no considera delito de odio la petición de Vox sobre las subvenciones a entidades LGTBI. No obstante, la fiscal superior Teresa Gisbert sí que considera que esta petición de información, al estar referida «exclusivamente» a ese colectivo «puede constituir una forma de discriminación». La fiscal superior de la Comunidad recuerda en el escrito dirigido a las Cortes que con la ley de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales en la mano la respuesta a esa reclamación de información «podría suponer desvelar la orientación e identidad sexual de los afectados, lo que podría implicar una intromisión en su intimidad».
Al descartar el delito penal, la fiscal superior archiva el expediente abierto y lo comunica al presidente de la cámara autonómica, Enric Morera, a los efectos oportunos. Se cierra así el episodio abierto el pasado 4 de julio, cuando la Mesa del parlamento acordó poner la petición de documentación de Vox en conocimiento de la Fiscalía para pedir el criterio de este órgano antes de acordar o no la remisión al Consell de la solicitud. Tras la contestación de la consulta hecha por la Mesa a la Fiscalía, y una vez recibido el decreto con la contestación, Morera propondrá a la Mesa la tramitación de la petición, adjuntando el documento del Fiscal.
