El recurso que el Gobierno de España ha presentado en el Tribunal Constitucional contra la Ley de Mancomunidades de la Generalitat puede acabar, cosas de la politica, convertida en un «boomerang» contra la estrategia de los últimos cuatro años del PP de Alicante a través de la Diputación para atacar al Consell del Botànic. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, efectivamente, pidió una comisión bilateral con la Generalitat a raíz de la aprobación de esta norma. Saldada sin acuerdo, el Gobierno aprobó presentar un recurso de inconstitucionalidad que afecta a una disposición adicional sobre los servicios de policías municipales pero que no pone en cuestión, en ningún caso, la creación de agrupaciones entre poblaciones de la misma comarca. Censurar ese modelo de comarcalización que salpica a las competencias que ahora ostenta la Diputación es la base del recurso del PP de Alicante que, sin embargo, la impugnación de la Moncloa no pone en cuarentena en ningún momento.
La decisión de Madrid de recurrir la ley valenciana de mancomunidades tomada en el último Consejo de Ministros fue recibida como un triunfo por el PP. El pasado sábado, de hecho, los populares alicantinos lanzaron un comunicado en el que el diputado Adrián Ballester definía la norma como una «chapuza». Tras referirse de pasada a la cuestión de los policías locales, la dirección del PP se abonaba al mensaje que ha utilizado desde hace tiempo para atacar esta norma aprobada por las Cortes Valencianas. «Es una ley que quiere crear ciudadanos de primera y de segunda y terminar con el papel de la Diputación. Hace una comarcalización encubierta de la Comunidad, copiando el modelo de los nacionalistas catalanes y saltándose el Estatuto de Autonomía que indica que la ley de comarcalización se aprobará con mayoría de dos tercios de las Cortes», apuntaba el diputado Ballester en esa nota informativa.
La impugnación ante el Constitucional del Gobierno, efectivamente, afecta a la ley pero se refiere, en exclusiva, a una parte muy pequeña del texto. Concretamente a la disposición adicional segunda de esa ley de mancomunidades valenciana relativa a los servicios conjuntos de policía local entre varios municipios. Lo que cuestiona, en este caso concreto, es que se puedan crear estructuras supramunicipales propias para que presten ese tipo de servicios de policía en varias poblaciones a la vez, una posibilidad que vulnera normativas sobre seguridad. En la comisión bilateral, la Generalitat llegó a poner encima de la mesa la posibilidad como alternativa de sortear esa dificultad con convenios entre los pueblos pero, finalmente, el Gobierno decidió acudir a la vía del Tribunal Constitucional.
Pero ese recurso de Madrid, en ningún caso, cuestiona la creación de mancomunidades comarcales con capacidad para condicionar, por ejemplo, el reparto de las obras de la Diputación. Y, ni mucho menos, supone un aval a la tesis de la corporación provincial alicantina. Todo lo contrario. Bajo la presidencia durante los últimos cuatro años de César Sánchez, la Diputación se defendió en los tribunales contra los decretos de coordinación, luego censuró la ley de comarcas que no se llegó a aprobar, posteriormente atacó la ley de vaciado de competencias que tampocó se debatió y, finalmente, promovió un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley de mancomunidades con un argumentario que ahora queda minado. Pero esa iniciativa política del PP desde Alicante ahora queda, desde luego, muy erosionada por el contenido del recurso del gobierno y a la espera del rumbo que coge la nueva relación entre la Generalitat y la Diputación con el cambio en los despachos del Palacio Provincial.
