La futura ley de la función pública valenciana ha encontrado un nuevo escollo en el largo camino para su aprobación. Y de nuevo es la regulación del requisito lingüístico para el acceso a una plaza pública la cuestión mollar. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) no ve claro que el Consell pueda exigir de forma automática determinados niveles de conocimiento del valenciano y ha dejado constancia de sus reparos en forma de observaciones esenciales. Así queda reflejado en el dictamen sobre el anteproyecto de ley al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, un informe que en términos generales avala el texto elaborado por la Conselleria de Justicia, que dirige Gabriela Bravo, pero que, sin embargo, tumba las prisas de Compromís por introducir el requisito.
El reparo de mayor calado tiene que ver con cómo al final quedó regulada la aplicación del requisito lingüístico. El organismo consultivo no cuestiona que la ley establezca por primera vez en la Comunitdad que para ser funcionario habrá que acreditar saber valenciano. En realidad, la observación del Jurídic es una enmienda a la totalidad a la cláusula que Compromís arrancó al PSPV para garantizar que la negociación futura no retrasara sine die la aplicación del requisito. La ley, en su articulado, habla de «acreditar la competencia lingüística en el conocimiento del valenciano que se determine reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes al puesto de que se trate». Esta redacción, incluida en el primer borrador del departamento de Bravo, resultó insuficiente para la pata de Compromís del Consell, que exigía mayor concreción en este asunto. El choque en el seno del bipartito acabó bloqueando la ley. El conseller de Educación, Vicent Marzà, medió en el conflicto y finalmente acordó con Bravo un nuevo texto que incorporara una disposición que blindaba la aplicación del requisito dentro de la legislatura.
En concreto, la disposición tercera daba un plazo de seis meses a la conselleria para regular reglamentariamente la acreditación del nivel del conocimiento del valenciano, pero con el mandato de que si en un año esta norma no se aprobaba, se exigiría un determinado nivel, según la catagoría funcionarial. Así, el funcionariado de los grupos A1, A2 y B deberían acreditar un certificado C1; el grupo C1, el certificado B2, el grupo C2, el B1; y las agrupaciones profesionales funcionaralies, el certificado A2. El Jurídic no se anda por las ramas y considera que esta disposición es «una incoherencia y una contradicción jurídica».
Primera reunión de la Mesa de las Cortes... sin alicantinos
La Mesa de las Cortes Valencianas celebró ayer su primera reunión después de la sesión de constitución del parlamento del pasado jueves. Como se recordará, el hemiciclo autonómico lo preside Enric Morera, de Compromís, con la socialista María José Salvador y Jorge Bellver, del PP, en las vicepresidencias; y Cristina Cabedo, de Podemos, y Luis Arquillos, de Ciudadanos, como secretarios. En el órgano de gobierno parlamentario, como se recordará, no hay alicantinos.
