La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha anulado el presupuesto aprobado por el Consell el 24 de febrero de 2017 para À Punt, la radiotelevisión valenciana que echó a andar ese mismo año.
Tras una demanda de dos diputados populares, la sala considera que la aprobación de ese presupuesto correspondía a las Corts, al ser la Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicació la empresa pública que gestiona À Punt. Tal como marca la ley del Sector Público Instrumental, la aprobación del presupuesto para estas mercantiles corresponde a las Corts por formar parte del proyecto de presupuestos de la Generalitat.
Sin embargo, fue el Consell quien a través de un acuerdo dio luz verde a las cuentas para el ente en febrero de 2017. En una disposición transitoria de los presupuestos de ese año, el Consell señaló que podría aprobar mediante un acuerdo los presupuestos de las entidades del sector público instrumental que iniciaran su actividad ese mismo año. Sin embargo, el TSJCV considera que las actividades en la corporación comenzaron meses antes, el 26 de octubre de 2016, con la designación de Enrique Soriano como presidente del consejo rector.
La Generalitat ha sido condenada a pagar 1.200 euros de costas y podrá ahora presentar un recurso de casación en el Tribunal Supremo.
