El presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha descartado hoy que el Gobierno central, liderado por el socialista Pedro Sánchez, tenga "ningún tipo de problema de fondo" con la ley valenciana de igualdad de las personas LGTBI ante sus discrepancias con algunos artículos relacionados con políticas de empleo e infracciones. "Creo que hay una sintonía clara entre el Gobierno progresista de la Generalitat y el Gobierno progresista de Madrid respecto a esta cuestión", ha asegurado, intento limar asperezas tras la reacción inicial de Compromís.

Puig ha valorado en València la "estupefacción" de Compromís -socio de gobierno del Consell del Botànic- sobre las discrepancias del Ejecutivo de Pedro Sánchez en torno a los artículos 26 y 60 de esta ley, aprobada por las Cortes en noviembre del año pasado con el apoyo de todos los grupos salvo la abstención del PP. El Gobierno central ha convocado una comisión bilateral con la Generalitat para solventarlas.

Tras subrayar que "no hay ningún tipo de problema de fondo", el jefe del Consell ha precisado que se trata de un informe de la Abogacía del Estado respecto a "algunas discrepancias competenciales" en la ley valenciana de igualdad LGTBI. Por ello, ha explicado que se producirá una reunión de aproximación Gobierno-Generalitat y ha hecho hincapié en que "no hay ningún tipo de problema de fondo; en absoluto".

Preguntado por si contempla un escenario de conflictividad con Compromís por esta cuestión, Puig lo ha negado y ha señalado que la comisión bilateral convocada por el Gobierno "precisamente permite ese espacio de consenso previo".

Por su parte, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha asegurado este viernes que el Consell, como siempre, defiende "ahora, antes y mañana" las leyes aprobadas por Les Corts, tras conocerse que el Gobierno ha convocado una comisión bilateral al cuestionar dos artículos de la ley valenciana de igualdad LGTBI.

Así lo ha manifestado al ser preguntada sobre si le sorprende o decepciona esta decisión del Gobierno del socialista Pedro Sánchez: "No me movería en esos términos tan emocionales, me remito a lo que este Consell siempre ha hecho, defender las leyes que las Cortes han aprobado con todos los informes favorables de la Abogacía y del Consell Jurídic Consultiu".

"Lo que valía hace dos años en cuanto a los recursos que se presentan por la administración general del Estado vale ahora también", ha dicho, para recalcar que "la misión del Consell es defender las leyes valencianas" y máxime en casos como la de igualdad LGTBI, que "amplía derechos y es una reivindicación desde hace muchos años de los colectivos" implicados y es "pionera en España en el tratamiento del colectivo intersexual".

Oltra ha reiterado que cuando se aprueban las leyes en las Cortes "pasan todos los filtros jurídicos" y otra cosa es que en el ámbito del derecho "siempre puede haber diversas interpretaciones" sobre una cuestión, como se puede ver con los votos particulares en las sentencias.

En concreto, en esta ocasión, el artículo 26 cuestionado por el Gobierno central versa sobre la integración del derecho a la igualdad de trato y oportunidades de las personas LGTBI y establece que la conselleria con competencias en empleo debe tener en cuenta los derechos de este colectivo en sus políticas. Por su parte, el 60 trata sobre las infracciones administrativas, que se califican como leves, graves y muy graves, y detalla en qué consisten.

El Gobierno cuestiona aspectos como la obligación de las empresas de respetar la igualdad de trato, condiciones y oportunidades. Aunque no considera que entre en contradicción con la legislación estatal, estima que van más allá de las competencias autonómicas en la materia y entiende que el procedimiento sancionador corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Comisiones bilaterales

Preguntada sobre las comisiones bilaterales que el Gobierno central ha planteado durante la legislatura del Botànic a leyes y decretos valencianos, Oltra ha señalado que se han presentado 23, de los cuales 15 se plantearon antes del 13 de junio de 2018 (cambio del Ejecutivo de Mariano Rajoy al de Pedro Sánchez) y 8 a partir de entonces.

Ha recordado que una de las cuestiones que se trasladaron al gobierno socialista fue precisamente la retirada de esos recursos y ha indicado que se han ido solucionando al llegar a acuerdos o sin ellos, pero sin la interposición final de recurso de inconstitucionalidad.