20 de febrero de 2019
20.02.2019

El caso Erial salpica a los exdirectivos de Bancaja Checa y Zurita

Ambos aparecen en la «hoja de ruta» para crear una empresa con Endesa y los Cotino para acceder al concurso del Plan Eólico

19.02.2019 | 23:49
Checa, en imagen de archivo.

La Guardia Civil ve «un concierto previo» para beneficiar a la mercantil.

El caso Erial que investiga la presunta trama de amaño de concursos y pago de comisiones entre la saga de los Cotino y el círculo íntimo del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, también ha salpicado a tres exaltos directivos de Bancaja. Se trata de Fernando García Checa, Juan Alfredo Zurita Marqués y Miguel Francisco Portolés Asensi, que aparecen como «investigados» en el auto de apertura de diligencias previas que dictó el Juzgado de Instrucción 8 el 20 de noviembre de 2015 que inició el caso Erial.

Los tres exdirectivos de Bancaja aparecen citados en la «hoja de ruta» que un sirio encontró en la antigua casa de Zaplana en la Alameda de València, entregó a Marcos Benavent y acabó en manos de la Guardia Civil. Una hoja de ruta que planificaba al detalle la estrategia para acceder a los contratos del Plan eólico de la Comunitat Valenciana cuando aún no se habían adjudicado, con menciones a la concesión de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) y una empresa adjudicataria de las resonancias médicas en Alicante.

En este documento se señala la «necesidad de incorporar al proyecto» para optar a la construcción de los parques eólicos a «una entidad financiera». Y la elegida fue Bancaja que era, a principios de este siglo, la entidad financiera con más músculo financiero en la Comunitat Valenciana. Además, en esta hoja de ruta se «se hace referencia a las conversaciones mantenidas y reuniones previstas con varias personas de Bancaja en relación al estudio de la viabilidad de este negocio, nombrando a un tal Miguel Portolés, subdirector, con el que habrían mantenido conversaciones y Fernando Checa y Juan Zurita con los que tendrían intención de reunirse», apuntan los agentes de la Unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil.

De esta manera, el 13 de julio de 2001 se creó Proyectos eólicos valencianos formada por Endesa cogeneración y renovables SA (con un 70% del capital) y Levantina de obras y edificios (con un 30% restante) creada el 13 de octubre de 1987 por la familia Cotino, que la utilizó para introducirse en el negocio de las ITV y de la energía eólica.

La Generalitat aprobaba el Plan eólico valenciano apenas unos días después. «El 26 de julio de 2001 se aprobó por parte del Gobierno valenciano -presidido por Eduardo Zaplana- el acuerdo por el que se regulaba la instalac.ión de parques eólicos en dicha comunidad en las zonas calificadas como aptas para dicho fin», señalan los agentes de la UCO en un oficio incorporado a la causa. Una aprobación que «coincide realmente también con la fecha en la que se sitúa la elaboración de la «hoja de ruta» para el presunto amaño de los contratos públicos. A los agentes de la Guardia Civil les llama «poderosamente la atención que en las fechas en las que se aprueba el Plan eólico valenciano, la mercantil Proyectos eólicos valencianos SA (Pevsa) tenga ya cierta seguridad que podría ser la adjudicataria de tres de estas zonas, como efectivamente así ocurrió dos años después». Una circunstancia que «unida al presunto pago de contraprestaciones económicas, indica que podría haber un concierto previo para que Pevsa fuese seleccionada para desarrollar determinadas zonas del plan eólico. Esta presunta conjunción de voluntades revestiría de sentido a la existencia de estos documentos [la hoja de ruta] y del presunto pago de sobornos en el marco de esta concesión pública».

Bancaja finalmente entró como socia de Proyectos eólicos valencianos el 20 de mayo de 2003, mediante una ampliación de capital, en una fecha posterior a la adjudicación del Plan eólico (el 25 de febrero de 2003).

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