Para que existan corruptos debe haber corruptores. Uno de los troncos del caso Erial lo forman Eduardo Zaplana y su clan de amigos, testaferros y subordinados. La otra pieza clave es otro clan, el de los Cotino, y su entramado de empresas, impenetrable hasta ahora. Quién es corrupto y quién corruptor en esta trama deberá decidirlo la Audiencia Provincial de València, cuando el Juzgado de Instrucción 8 y la Fiscalía Anticorrupción finalicen la ardua investigación que iniciaron en 2015. Pero los indicios recopilados en el sumario del caso Erial confirman que el clan de los Cotino y el de los Zaplana crearon un engranaje casi perfecto para hacer negocio, primero. Y para pagar y cobrar mordidas, después.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegan a esta conclusión tras desenmarañar el conglomerado empresarial de la familia Cotino. «El desarrollo de la investigación ha determinado la existencia de lo que podría ser una operativa de compraventa de participaciones entre empresas radicadas en Luxemburgo y España a través de la cual se podría haber efectuado de forma velada el pago de comisiones relacionadas, a priori con las adjudicaciones de servicio de inspecciones técnicas de vehículos y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana», señalan los agentes de la Guardia Civil.
Unas «contraprestaciones» (la forma fina de denominar a las «mordidas») que habría «pactado y desembolsado el grupo Sedesa» tras «haberse presuntamente beneficiado con las adjudicaciones públicas referidas».Al frente de este holding familiar, los investigadores del caso Erial sitúan al empresario Vicente Cotino Escrivá, su hermano José Cotino Escrivá, y su tío Juan Cotino Ferrer, expresidente de las Corts, exvicepresidente, exconseller y exdirector general de la Policía, además de otros miembros de la familia.
El negocio redondo para los Cotino estuvo en la reventa. Tras resultar adjudicatarios de una zona de las ITV y de tres del Plan Eólico, «el grupo Sedesa vende sus participaciones, obteniendo notables ingresos que, de no ser por la adjudicación [presuntamente amañada] no serían tal», señala la Guardia Civil. El tránsito del grupo Sedesa por el particular mundo de las inspecciones de vehículos y la energía eólica se saldó con unos ingresos de 86.511.400 euros: 37 millones por la venta de su empresa de las ITV y 48,5 millones por la del Plan Eólico . El 12 % de estos ingresos, 10,5 millones, acabó en el entramado de empresas del clan Zaplana.
En la cúspide del entramado empresarial de los Cotino, la Guardia Civil sitúa a la empresa Asedes Capital (Sedesa, escrita al revés) que es «la matriz , porque mantiene el control societario del grupo durante el periodo 2000-2009». Asedes Capital también es la directora de orquesta del presunto tráfico de mordidas. «Materializa los pagos que se investigan por su relación con los presuntos sobornos a través de mercantiles luxemburguesas y una consultora radicada en València» porque «es Asedes Capital quien ordena desde sus cuentas bancarias la salida de divisas a favor de las mercantiles Imison International y Fénix Investments» entre 2005 y 2007. Además de transferencias a Dobles Figuras SL, la empresa del jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, entre 2003 y 2010, cuándo éste ya había abandonado la política activa.
Imison International y Fenix Investments son, a juicio de la Guardia Civil, «entidades de cierto perfil offshore radicadas en Luxemburgo (país considerado paraíso fiscal en la época investigada), pudiendo tratarse de sociedades pantalla, sin aparente actividad mercantil, que podrían haber sido utilizadas como 'vehículos corporativos' para canalizar fondos que presuntamente tuvieron por objeto el pago de comisiones pactadas por determinadas adjudicaciones públicas».
Una sobrina de Paesa en la trama
Tanto Imison International como Fenix investments se crearon el 16 de mayo de 2001, dos meses antes de que se constituyera Proyectos eólicos valencianos SA, donde participaban los Cotino. Ambas mercantiles estuvieron representadas y administradas por Beatriz García Paesa, «profesional de servicios de fideicomiso y fiducia» en Luxemburgo y el perejil de varias salsas de corrupción. Y sobrina de Francisco Paesa, el espía que se volatilizó tras el escándalo del caso Roldán.
Las acciones de ambas mercantiles luxemburguesas también son adquiridas por Vicente Cotino Escrivá y su hermano Juan Cotino Escrivá, a través de cuatro empresas del Grupo Sedesa en 2005: Inversiones Imison, Inversiones Impega, Servicios y Excavaciones y Asedes Capital. Esta compraventa no se inscribe en el Registro Mercantil «en un intento de ocultación de los socios actuales», apunta la Guardia Civil. Gracias a este trasiego de acciones, Imison International y Fenix Investments «participan de forma indirecta en las mercantiles adjudicatarias de los contratos públicos de las ITV y el Plan Eólico investigados».
Entre 2005 y 2007 Imison International recibió dos transferencias por valor de 6,4 millones. En cada ingreso, participan hasta cuatro empresas del grupo Sedesa, para intentar borrar el rastro del dinero aparentando la compraventa de acciones. El representante de esta mercantil ante la Agencia Tributaria era Joaquín Barceló, el testaferro de Eduardo Zaplana. Fenix Investments también experimentó una barata venta de acciones inicial que, con el tiempo, se revalorizaron hasta los 2,18 millones, el dinero transferido esta mercantil. Las transferencias, de nuevo, se hicieron a través de una retahíla de hasta cuatro empresas del grupo Sedesa. Curiosamente, el liquidador de esta entidad fue Juan Francisco García, jefe de gabinete de Zaplana.
