El juzgado de Instrucción 1 de Elche ha fijado para el 5 de abril la declaración de Alejandro Soler, director general de la entidad estatal de suelo, SEPES y secretario general de los socialistas en Elche, en relación con la querella presentada por la número dos regional del PP, la oriolana Eva Ortiz, contra el alto cargo socialista por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. La actuación judicial también se dirige contra los que fueran concejales socialistas Alejandro Pérez, Emilio Martínez y Federico Buyolo, este último elegido el pasado año como director de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de España, así como la exedil de Compromís, Àngels Candela, y dos técnicos municipales.
Las declaraciones se suspendieron hace algunos días hasta que la querellante, que ha solicitado ser acción popular en las actuaciones, depositara una fianza de mil euros que se le había exigido por el juzgado Instructor de la causa. Federico Buyolo y Alejandro Pérez tendrán que declarar el mismo día 5 de abril, a continuación de Soler. Y el resto de querellados, el 12 de abril. De la querella interpuesta se desprendería presuntamente la comisión de un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación, pues del relato de la querella, consta que los querellados en virtud de un plan preconcebido tenían como objetivo que «Hospielche» se hiciera con la propiedad de una parcela de titularidad pública, sin que se tramitara el procedimiento administrativo que era preceptivo. Alejandro Soler, según explicaron fuentes socialistas, ha hecho entrega al juzgado que investiga la causa de dos informes municipales que certificarían la legalidad de la operación de venta de esos terrenos en el Parque Empresarial de Elche durante su mandato en la Alcaldía.
