Este mes de enero se cumple nada menos que una década desde que entró en vigor el actual sistema de financiación autonómica que lleva ya la mitad de todo ese periodo -cinco años- caducado. Durante el mandato de Mariano Rajoy, finiquitado el pasado mes de junio a través de una moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Moncloa con la sentencia de la Gürtel contra el PP como hilo conductor, la aprobación de una nueva distribución de los fondos del Estado entre las diferentes comunidades -gestoras de los principales servicios públicos y de la política social- se fue aplazando año tras año desde enero de 2014, fecha en la que expiraba un modelo que se remonta a la época de José Luis Rodríguez Zapatero.
Pero a pesar de que los socialistas reivindicaron durante su etapa de siete años en la oposición la necesidad de cambiar el actual modelo de financiación que arrastra a la Comunidad a la cola como el territorio peor financiado, lo cierto es que seis meses después de su llegada a la Moncloa, el gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado incapaz de poner ni siquiera fecha para aprobar un nuevo sistema de reparto de fondos. Es seguro, aunque el ejecutivo socialista logre estirar la legislatura hasta 2020, que en lo que resta de este mandato no se pondrá en marcha un nuevo modelo de financiación autonómica. El conflicto territorial que tiene como epicentro la crisis en Cataluña, las tensiones entre los barones socialistas, las dificultades para alcanzar acuerdos amplios entre todas las fuerzas y la complicada escena política con la irrupción de la ultraderecha impedirá llegar a un pacto, como ya ha dejado claro el Gobierno.
Desde que el Consell que encabeza el socialista Ximo Puig con la vicepresidenta Mónica Oltra como número dos llegó al Palau de la Generalitat en 2015, uno de los puntos clave del relato político del gobierno que comparten los socialistas y Compromís fue, precisamente, reclamar un «trato justo» a Madrid para la Comunidad Valenciana tanto en la financiación como en las inversiones. Se llegó a convocar, por vez primera, una manifestación con el respaldo de empresarios, sindicatos y sociedad civil. Pero la salida del PP y la llegada de Pedro Sánchez relajó la posición de Puig. Contra Rajoy le era más fácil al jefe del Consell articular un discurso de reivindicación del llamado «problema valenciano». Hasta el punto de que a falta de financiación, la Generalitat se conformó con un aporte de algo más de 800 millones. «Migajas» cuando la Generalitat viene reclamando en sus presupuestos 1.325 millones anuales para poder gestionar sus competencias y cuando la «deuda histórica» se acerca a los 20.000 millones.
El informe de la Sindicatura de Cuentas que se conoció ayer sobre la gestión autonómica en 2017, sin embargo, obliga al Consell, sin excusas ni protestas, a mantener el tono frente a la impotencia del gobierno de Pedro Sánchez. El documento habla de falta de equidad en la financiación, de un reparto que pone en peligro los servicios públicos y de una vulneración de la igualdad de los ciudadanos cuando tres cuartas partes del presupuesto de la Generalitat son políticas sociales. Con claridad y nitidez: está en juego el autogobierno.
