El PP ha puesto en un aprieto en plena precampaña electoral a los dos principales cargos alicantinos del gobierno de Pedro Sánchez. Un juzgado de Elche ha citado a declarar por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos a los dos principales cargos alicantinos en el Gobierno de España: Alejandro Soler y Federico Buyolo. El magistrado los ha citado para febrero después de aceptar una querella del PP por la venta de un terreno municipal a través de Pimesa, empresa pública del ayuntamiento de Elche que hizo la transacción con Hospimar, una mercantil ligada a la presunta financiación irregular del PSPV.
Alejandro Soler, exalcalde de Elche, dirige actualmente la Entidad Pública Empresarial de Suelo (el Sepes), una organismo público adscrito al Ministerio de Fomento que dirige el valenciano José Luis Ábalos que gestiona el suelo para asentamientos residenciales, industriales, terciarios y de servicios. El cargo le llegó una vez Sánchez entró en la Moncloa y después de ser uno de los hombres fuertes del «sanchismo» en toda la provincia de Alicante. Soler se convirtió con la llegada del PSOE al Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy en el único dirigente socialista de la provincia en forma parte de la dirección de Pedro Sánchez.
Por su parte, el exdiputado socialista Federico Buyolo fue nombrado también el pasado verano número dos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Buyolo era hasta ese momento director de general de Cooperación de la Generalitat Valenciana en la conselleria que dirige en alicantino Manuel Alcaraz.
El juez también ha citado a declarar a Alejandro Pérez, Ángeles Candela, Emilio Martínez, todos ellos concejales socialistas durante el mandato de Alejandro Soler y miembros del consejo de administración de Pimesa, así como a Santiago Ule y Jorge Llopis, ambos funcionarios del Ayuntamiento de Elche y miembros del mencionado consejo.
La querella que ha dado origen a la investigación está firmada directamente por la número dos del PP autonómico, Eva Ortiz, y ha provocado la apertura de diligencias en un juzgado de Elche por los presuntos delitos de prevariación en la aportación de un solar por parte del Ayuntamiento y por presunta malversación en la venta posterior a Hospimar por un precio menor del que hubiera podido obtener el Ayuntamiento en una venta directa mediante concurso. La citación, según el auto al que ha tenido acceso este diario, se producirá el próximo febrero si no hay cambios de por medio, tres meses antes de los comicios autonómicos y municipales previstos para mayo de 2019.
En el argumentario de la querella el PP denuncia que el Ayuntamiento de Elche era propietario de un solar en el polígono industrial de la ciudad por el que se interesó la mercantil Hospimar, firma implicada en la presunta trama de la financiación irregular del PSPV que se investiga en los juzgados de Madrid, Benidorm y Gandía. La entidad pública Pimesa tramitó un contrato de compraventa y finalmente el Consistorio, que dirigía Soler, aportó al capital social de Pimesa el suelo para que ésta pudiera venderlo.
Según la querella, el motivo por el que se hizo esta operación fue eludir las normas de derecho administrativo sobre la venta de bienes patrimoniales de la Administración que a la entidad pública no le aplicarían al no estar sometida como sociedad mercantil al reglamento de Bienes de las Entidades Locales ni a la Ley de Patrimonio de las administraciones públicas.
Eso evitó, según la denuncia, la convocatoria de una subasta pública y repercutió en el precio final de venta del suelo donde se construyó el hospital privado de Elche, que obtuvo el solar a precio «muy inferior al del mercado».
El presidente del PP de Elche, Pablo Ruz, exigió ayer al alcalde, Carlos González, que ponga a disposición de la justicia «desde ya» toda la documentación municipal para esclarecer la imputación por la venta de los terrenos. «Es hora de que el alcalde haga gala de su lucha contra la corrupción», dijo.
