Las relaciones entre Generalitat y Diputación están rotas. Más que nunca. El último paso lo ha dado el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, que alertó ayer de que no se sentará con el Consell a negociar el vaciado de competencias de la institución que dirige. Recordó que desde València se ha generado una deuda social con la Diputación provincial que alcanza los 190 millones desde 2012, un concepto con el que desde el Palacio Provincial quieren comprometer al Botànic. Y vuelve a amenazar con los tribunales. Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, insistía ayer en las «duplicidades» que se derivan de las competencias prestadas por las diputaciones provinciales y pedía a los presidentes de estas instituciones que «no solo miren su ombligo». Todo ello en un clima de comunicación nulo. Nadie habla con nadie.
El jefe del Consell recordó ayer, día en el que precisamente entraba en vigor la Ley de Mancomunidades, que hay que hallar fórmulas para ganar «eficiencia» en la delimitación de las atribuciones con las diputaciones provinciales ya que hay competencias que se duplican. En su visita ayer a la provincia alicantina con motivo de la mejora del servicio de Cercanías entre la capital y Villena, Puig insistió en que las instituciones «están al servicio de la ciudadanía» y que sus dirigentes «tienen que hacer aquello que reclama la posición institucional».
Para Puig hay que seguir buscando la fórmula de «negociar», unos contactos en los que difícilmente entrará la Diputación, cuyo presidente, César Sánchez, tiene claro que no va a mercadear con el vaciado de las competencias de la institución que dirige. Sin embargo el presidente de la Generalitat busca primero la entrada amable. «Les pido que no se miren al ombligo, sino a ojos a la sociedad», dijo ayer.
El plan B del Consell para meter en vereda a las diputaciones pasa por la propuesta de ley presentada recientemente por Podemos. La normativa de los morados, que llegará más suave a las Cortes después de las modificaciones que se pacten con PSPV y Compromís, plantea la coordinación de las funciones propias de las diputaciones y la creación de una Comisión de Transferencias por parte de la Generalitat y con presencia de las corporaciones afectadas para el traspaso de servicios, medios y recursos. La norma en ningún caso deja a las diputaciones sin competencias -en realidad no puede- y plantea parte de su argumentación sobre las sentencias que se emitieron contra los recursos judiciales que ganaron las diputaciones de Alicante y Castellón contra los decretos del Consell para coordinar las competencias en materia de Turismo y Deportes.
Mientras el jefe del Consell insistió en las duplicidades que se derivan de las competencias prestadas por las diputaciones, el presidente de la institución alicantina culpó al Consell de la ruptura de las relaciones. Concretamente a Ximo Puig y a la vicepresidenta Mónica Oltra por «su falta de diálogo» y por los «sucesivos ataques a la autonomía provincial, a los municipios y a todos sus ciudadanos». Para Sánchez, ambos han tensionado tanto las relaciones «con su política de imposición y de gestión sin diálogo» que han provocado este escenario. «No voy a tolerar más imposiciones ni desprecios del Consell», sentenció.
Deuda social
El argumento con el que atacará ahora la Diputación es el de la deuda social, un argumento que el Consell ha utilizado constantemente con el gobierno de Madrid: recordar lo que ha pagado de más por la infrafinanciación de los servicios prestados. Desde 2012, la Diputación ha invertido más de 190 millones de euros en competencias impropias ya que en realidad pertenecen a la Generalitat, prácticamente todas ellas en el área de Bienestar Social. La que más le cuesta a la institución alicantina es el Hogar Provincial, con 75 millones y medio de euros invertidos desde 2012 . La teleasistencia ha superado los 13 millones y el Instituto de las Familias se ha llevado más de seis. La batalla está servida.
